Una Ertzaintza ejemplar

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Dice el lehendakari Urkullu que la actuación de la Ertzaintza en Ondarru ha sido ejemplar. Estoy de acuerdo. Pero no ha sido ejemplar en el sentido de modélica, como quiere hacernos ver el de Alonsotegi, sino en el sentido de que refleja mejor que nada la situación en la que nos encontramos. Una situación de dependencia con España en la que la policía nacida con el Estatuto de Autonomía se dedica a servir los designios de la Justicia española. En este caso concreto arrestando a la ciudadana vasca Urtza Alkorta, que a partir de hoy será una nueva presa política en Zaballa.

El espaldarazo de Urkullu y Beltrán de Heredia a la Ertzaintza, la misma policía que ha encubierto con la ley del silencio su responsabilidad manifiesta en la muerte de Iñigo Cabacas, resulta extremadamente preocupante. Ese apoyo explícito refleja la sumisión de Ajuria Enea a Madrid en asuntos de considerable magnitud política. Que se sigan produciendo detenciones, año y medio después del anuncio de ETA de abandonar la actividad armada, es un escándalo. Que el PNV, en vez de poner en cuestión esas detenciones, las aplauda, no tiene nombre.

Además, todo esto ocurre cuando el Gobierno español no ha realizado ningún mínimo gesto en relación con el repliegue de sus fuerzas policiales en Euskal Herria. Nos encontramos con la misma cantidad de efectivos, o incluso más, que en el momento en que la organización clandestina ETA se encontraba en activo. Sin embargo el lehendakari, que presumen de entrevistarse a menudo con Rajoy, no hace mención alguna al asunto. Da la impresión de que el PNV se siente cómodo con la proliferación de Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, Policía Foral y servicios de inteligencia civil y militar que padecemos en nuestro país.

En el momento de su nombramiento, el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, realizó unas interesantes declaraciones al diario Deia, en las que afirmaba que "tenemos que bajarnos del coche patrulla, ir donde la gente y preguntarle qué necesita". Una bonita declaración de intenciones que no se ha cumplido ni en el Boulevard donostiarra, ni en Ondarru. La Ertzaintza de Beltrán de Heredia, como la anterior de Rodolfo Ares o la de Juan Mari Atutxa, nunca va donde la gente a preguntarle qué necesita, sino que va donde la gente dando gritos, empujando, golpeando, abusando de la fuerza y llevando a cabo su tarea de brazo tonto de la Audiencia Nacional española.  

Recuerdo que los responsables del Gobierno Vasco hicieron una espléndida campaña de imagen cuando se preparaba la implantación de la primera Ertzaintza, a principios de los años ochenta. Decían los próceres jeltzales que iba a ser una policía de barrio, como los bobbys ingleses que se encargan de ayudar a las ancianitas a cruzar los pasos de cebra en Londres. La impostura de aquel momento fue desmentida ampliamente por la realidad y ninguna campaña de marketing orquestada por Beltrán de Heredia y Gabirondo va a conseguir ahora que una buena parte de la población vasca cambie de opinión sobre ese cuerpo policial.

El lehendakari Urkullu lleva tiempo anunciando que para 2015 presentará un plan para desarrollar un nuevo estatus político para la CAPV. Mejor haría en no perder el tiempo con ese plan y ponerse a trabajar desde ya en la reforma de la Ertzaintza, para convertirla en una policía democrática, humana y al servicio de los ciudadanos. Si es que todavía es posible reformarla, ya que después del caso Cabacas y de sus actuaciones en Donostia y Ondarru, parece una tarea poco menos que imposible. 

Reunirse consigo mismo

El lehendakari de la CAPV, el territorio administrativo vasco con mayor número de habitantes, como solía remachar su antecesor Juan José Ibarretxe, está confundido. Primero quiere reunirse con unos, luego con otros, posteriormente con los unos y los otros, y así sucesivamente. Siempre he tenido a Iñigo Urkullu por persona seria y cabal, pero desde que ocupa Ajuria Enea no es el mismo. O está mal asesorado, que pudiera ser, o está hecho un lío.

Se cuenta del ex presidente estadounidense Gerald Ford que era incapaz de hacer dos cosas a la vez. Esas dos cosas eran caminar y mascar chicle. No es el caso del lehendakari, al que le considero capaz de realizar al mismo tiempo muchas cosas, además de esas dos. Como leer las memorias de Agirre en el kindle y escuchar música clásica en el MP4. Incluso puede aprovechar para pensar, al mismo tiempo, a quién va a convidar a un txakolí en la próxima ronda de encuentros para la estabilidad.

No es, por tanto, un problema de inteligencia, dios me libre, sino de falta de decisión. Al partido de Urkullu le está costando adaptarse a la nueva situación. Es decir, a los jeltzales les cuesta darse cuenta de que 27 diputados de 75 no suponen la mayoría de escaños del parlamento. Les faltan once, todo un equipo de fútbol. Una vez que el lehendakari y sus escuderos, Erkoreka y Egibar,  asimilen que están en minoría, tendrán que tomar posición sobre el socio que necesitan para lograr esa cifra mágica de 38 escaños y salir del actual impasse.

Ahora mismo, y por lo visto esta semana, no tienen nada claro con quién pactar, pero sí con quién no hacerlo. Es más, ni siquiera está claro que hayan llegado a la conclusión de que algún tipo de acuerdo es obligado. Su indecisión les delata.

Por lo pronto, y antes de que comience la rueda de entrevistas con partidos e instituciones, no estaría mal que el lehendakari se reuniese consigo mismo. Más que nada para aclarar ideas y alcanzar un pacto personal e intransferible que le permitiese acudir al Forum Europa o al propio parlamento con algún propósito definido y no con el solo ánimo de entretener el tiempo, que es lo que ha venido haciendo hasta la fecha.

Incapaz de sacar adelante sus presupuestos, Urkullu no ha conseguido hasta la fecha ningún acuerdo de calado con nadie. El partido que se atribuye la centralidad, la capacidad de pactar con todos, parece estar un tanto descentrado, sin rumbo claro, salvo en Gipuzkoa, donde la oposición radical a Bildu le ha dado oxígeno.

La encrucijada en la que se encuentra el PNV se puede resumir en una doble paradoja. Plantea alcanzar un pacto de país con PSOE y PP, dos formaciones políticas que siguen sin reconocer el carácter nacional del país de los vascos, Euskal Herria. En cambio, con quienes reúnen esa condición, EH Bildu, descarta el acuerdo por las diferencias de enfoque en temas económicos y sociales.

Cuando un partido que se dice nacionalista prefiere acordar con formaciones de ámbito estatal y antinacionalistas sobre formaciones asentadas en la realidad nacional vasca, aunque sean de izquierdas, algo grave está sucediendo aquí. ¿Cuál puede ser el alcance real del nuevo estatus político enarbolado por Urkullu para 2015? ¿Es posible profundizar en el soberanismo y el derecho a decidir suscribiendo mientras tanto acuerdos con PSOE y PP? Parece evidente que no.

La dirección del PNV sabe que el único modo de avanzar hacia nuevas cotas de soberanía es acordando con las fuerzas que sustentan EH Bildu, mediante un gran acuerdo nacional que permita desbloquear la actual situación. Lo sabe, sí, pero entiende que dar ese paso significaría otorgar carta de naturaleza a un hijo que se fue de casa hace más de cincuenta años. No están preparados para superar el vértigo y acometer el desafío. Por ahora.   

Primero de Mayo e izquierda

Han pasado 127 años del Primero de Mayo de 1886, una jornada de lucha por las ocho horas que movilizó a miles y miles de trabajadores en los Estados Unidos de América. En Chicago, unos días después, sucederían unos graves incidentes, motivados por la irrupción de la policía en una concentración obrera, que acabarían con el encarcelamiento y condena a muerte de algunos de los líderes sindicales de la ciudad: Spies, Fielden, Neebe, Fischer, Schwab, Lingg, Engel y Albert Parsons. Todos fueron enviados a la horca o condenados a cadena perpetua. 

Con el paso del tiempo, el Primero de Mayo se constituyó como una jornada reivindicativa del proletariado mundial. Durante muchos años, las organizaciones obreras aspiraban a derrocar el injusto sistema capitalista y a sustituirlo por el socialismo, en sus diversas variantes. Hoy es el día en que comentar estas cosas parece algo trasnochado, carente de sentido. Lo que mola ahora es el smartphone, las redes sociales y los reality televisivos. 

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Centrándonos en Europa, nos encontramos con un panorama político estremecedor. Los gobiernos que más entusiásticamente defienden el capitalismo, el sistema culpable de la actual crisis socioeconómica, son quienes mejor se sostienen en sus puestos. La izquierda se encuentra escondida, disfrazada o, sencillamente, desaparecida. En el Estado francés, el gobierno "socialista" del presidente Hollande dispone de ocho ministros millonarios; en Italia la seudoizquierda de Letta pacta con Berlusconi un gobierno de unidad repleto de conservadores; en Islandia vuelven al Gobierno los partidos que desataron la bancarrota del país. Mejor no seguir el repaso.

La izquierda prosigue su travesía del desierto desde la implosión de los países del llamado "socialismo real" a finales de los años ochenta. Es una evidencia que no se puede negar. Se han intentado construir nuevas alternativas, establecer nuevas coaliciones, realizar nuevas propuestas, pero nada de todo ello se ha podido configurar de forma práctica. Sigue habiendo gentes de izquierdas, personas que aspiran a cambiar el actual modelo político y social, pero no se logra concretar en alternativas pausibles, con posibilidades de acceder al poder y de transformar desde él las cosas.

En la coyuntura de crisis económica que atravesamos desde 2008, los recortes a los derechos sociales colectivos han sido muchos, pese a la oposición mostrada por la izquierda política y sindical. En Euskal Herria llevamos unas cuentas huelgas generales y está anunciada una más para el día 30. Pero todo ello, con ser necesario, no es suficiente. Cuando la ofensiva neoliberal es tan descarnada, no basta con plantarle cara, en defender lo logrado, sino que hay que ir más allá.

El Primero de Mayo, una fecha emblemática en la historia de las luchas obreras, es un buen momento para dedicar un tiempo a la reflexión. Hay que volver a decir que a la clase trabajadora nada se le ha regalado, que todo lo que ha conseguido en las pasadas décadas ha sido gracias a la pelea, al combate contra quienes quieren seguir manteniendo una sociedad en la que impera la desigualdad, la injusticia, en la que cada vez más personas se acercan a la pobreza y a la marginación.

En los últimos días hemos visto que portavoces de los gobiernos de la CAPV y de la CFN han coincidido en señalar su distancia con los planteamientos económicos y políticos de EH Bildu. Es la prueba más evidente de que la conformación de un bloque popular de izquierdas y soberanista es la mejor herramienta para construir una alternativa al actual estatus quo. Quienes defienden los fundamentos del sistema que ha traído la crisis, nos están enseñando el camino a seguir.

Soberanía y crisis social

La calle está que arde. La situación social es alarmante. La preocupación principal es la economía. La crisis lo acapara casi todo. El desempleo registra cifras inaguantables. Los desahucios se multiplican. Una buena parte de la población atraviesa dificultades. Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales son palpables. La corrupción se extiende, en especial en la clase política. Una de las principales instituciones financieras del país, la CAN, ha desaparecido.

El complicado panorama se agrava si tenemos en cuenta que Euskal Herria sigue siendo una nación sin estado, lo que dificulta la posesión de las herramientas imprescindibles para atajar la crisis económica, social y política que vivimos. Nadie puede asegurar que la situación sería hoy mejor si Euskal Herria fuese un estado independiente, pero sí que se puede afirmar que de serlo dispondría de mejores y mayor número de herramientas para afrontar esta situación de alarma social que padecemos.

Desde ciertos sectores se ha teorizado en los últimos tiempos sobre un independentismo basado en que a España le va muy mal económicamente. Por ello apuestan por la separación. Que se hundan ellos solos, los españoles, se dice desde algunos foros. Este tipo de argumentaciones, una especie de independentismo de los ricos, se puede convertir en un peligroso obstáculo para el desarrollo de un soberanismo progresista en nuestro pueblo. Si el argumento central para lograr la independencia del Estado español -porque al Estado francés ni se le cita- se basa exclusivamente en disfrutar de mejores índices económicos, estamos apañados.

El independentismo debe basar su argumentario en valores más sólidos que la mera riqueza económica. El Estado de Euskal Herria es viable económicamente, no hay duda, pero nadie puede afirmar que la mera independencia traerá como por ensalmo una mayor calidad de vida. Un independentista serio debería preferir vivir de forma soberana, aunque fuera con un menor nivel de vida que el que disfruta en la actual situación de dependencia. El independentismo significa básicamente libertad, amén de identidad, cultura propia, lengua y una serie de valores intangibles, pero que están ahí, presentes en nuestra vida cotidiana. Pero sobre todo significa capacidad de organizarse de forma autónoma, de disponer y gobernar los bienes materiales e inmateriales del país, de estructurar este ordenando su territorio, de dotarle de un organigrama institucional propio, etcétera.

Para llegar a ese estadio es necesario poner previamente en marcha un movimiento soberanista de amplia base que aglutine a las mayorías sociales del país, que se muestre atractivo a las clases trabajadoras, a los profesionales, a los autónomos y cooperativistas e incluso a pequeños empresarios. Un soberanismo de raíz social, que disponga del reclamo suficiente para que se incorporen a sus filas sectores que hoy por hoy no son soberanistas, pero que en el futuro, en un ejercicio de pragmatismo, pueden otorgar su confianza a un movimiento que presente alternativas razonables al actual caos socioeconómico generado por la crisis.

Un entente soberanista que apuntale las conquistas sociales arrancadas por la clase obrera a lo largo del siglo XX. Que coloque en el centro de su accionar el concepto de interés público sobre el de interés privado. Que abogue por la existencia de una banca pública al servicio del desarrollo sostenible del país, ajena a los desahucios y facilitadora de financiación a familias y pymes.

Un soberanismo que blinde el sistema público de salud y servicios sociales ante los recortes, las subcontratas, las privatizaciones y las reducciones de personal. Que construya un sistema público de enseñanza al servicio de las mayorías, no elitista, con igualdad de oportunidades, en contacto con la realidad laboral del país sí, pero capaz de reflexionar y aportar desde su corpus universitario.

Un soberanismo que asuma la solidaridad como un valor imprescindible, atendiendo las necesidades primarias de los que peor lo están pasando. Un estado serio no puede delegar en las organizaciones no gubernamentales, especialmente en las cristianas, la dieta básica alimenticia de los sectores desestructurados por la crisis económica y el desempleo. Tiene que asumir esas funciones por sí mismo, sin importunar por ello la colaboración con esos agentes de la sociedad civil, que deben actuar de forma complementaria.

Un soberanismo social que en la mesa de disputa entre empresarios y trabajadores no adopte siempre las posturas más favorables a los intereses de los primeros, sino que proteja y ayude a desarrollar las iniciativas de los sindicatos obreros, organizaciones imprescindibles para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada. Un soberanismo que se preocupe por la suerte de los más débiles, los niños y los ancianos, facilitando la atención a sus necesidades educativas y a su autonomía personal respectivamente, y que acabe con los privilegios de clase a la hora de implantar políticas fiscales progresistas, igualitarias y en definitiva más justas.

Solo un soberanismo que ataque las razones profundas que originan la actual desigualdad social, que contribuya a reducir en la medida de lo posible el desempleo y la exclusión social y que ponga en valor las herramientas necesarias para un más profundo reparto de la riqueza, puede aspirar a ser mayoritario. Y tan solo aglutinando a la mayoría social del país se podrá permitir dar los pasos necesarios para forzar, ante los responsables de los estados español y francés, las medidas legales que garanticen la protección del derecho a decidir. Es decir, nuestro derecho a disponer de un estado propio, soberano, que mantenga relaciones con los estados vecinos en pie de igualdad, sin más cortapisas.

Si los sectores más directamente implicados en la vertebración de ese soberanismo social y mayoritario son capaces de erigir ese árbol y situarlo en el centro del escenario político vasco, estoy seguro que sus frondosas ramas conseguirán introducirse en sectores hasta ahora refractarios a las ofertas políticas abertzales. Hablo de personas que se mueven en ámbitos electorales del socialismo o el comunismo de ámbito estatal, en espacios sindicales de progreso, en el asociacionismo sin ánimo de lucro, en los grupos de afectados por la crisis, entre los indignados de diferente procedencia, en resumen, en el amplio campo de juego que se puede definir como las izquierdas, sean estas moderadas o de tendencias más transformadoras.

No se trata, en todo caso, de limitarse a proclamar una declaración de buenas intenciones, sino de ir demostrando, día a día, que existen alternativas a las políticas económicas y sociales diseñadas desde Bruselas, asumidas por Madrid y París, y que suelen ser reproducidas, con ciertos matices, por los diversos ejecutivos autonómicos que nos gobiernan. Un ciudadano, abatido por las difíciles circunstancias que está sufriendo, puede caer presa de la melancolía, pero un pueblo entero no se lo puede permitir, tiene que organizarse y responder.

En los últimos meses ha surgido en Portugal el movimiento espontáneo «Que se lixe a troika» (que le jodan a la troika), que reclama la soberanía del pueblo portugués frente a Bruselas, cuyos componentes acuden a parlamentos, ayuntamientos y otros lugares públicos a interrumpir los discursos de las autoridades mediante el canto del himno de la Revolución de los claveles de 1974 «Grandola vila morena». El verso más profundo de la canción de José Zeca Afonso dice: «O povo é quem mais ordena» (el pueblo es quien más ordena). Y es que un pueblo, si se organiza y asume unos objetivos claros basados en la igualdad, en la decencia y en la defensa de su soberanía puede cambiar cualquier situación, por desesperada que nos pueda llegar a parecer. Ahí viene mayo para empezar a demostrarlo.

• Artículo publicado en Gara [2013-4-21]

Primer paso

Yolanda Barcina y Roberto Jiménez

La presidenta de la Diputación de Nafarroa, Yolanda Barcina, acaba de salvar los muebles gracias a la ayudita, en forma de abstención, prestada por su ex amigo Roberto Jiménez. El dirigente del PSN no espabila y sigue cavándose su propia fosa, ya que cada vez tiene un perfil más borroso en el escenario político de la CFN. Expulsado y humillado por la propia Barcina, ha sido incapaz de concertar una moción de censura con Bildu y Nabai para forzar la convocatoria de nuevas elecciones. Eso sí, de cara a la galería pide la dimisión de la presidenta de UPN, pero en realidad la está sosteniendo en su puesto.

¿Cuál es la razón? Muy sencilla. Si algún partido tiene terror a unos nuevos comicios es el PSN. Descabezado a nivel estatal y ninguneado en Nafarroa, ha emprendido una travesía del desierto que puede prolongarse durante años. El daño causado por la etapa Zapatero ha sido de tal calibre que no es posible enmendarlo con un par de iniciativas ingeniosas. 

La moción de censura presentada por la izquierda soberanista no ha logrado desbancar a Barcina de su sillón, pero sí que ha conseguido retratar a todo el arco parlamentario. Es más, ha retratado al pegamento imedio del navarrismo foral y español, el "Diario de Navarra", quien temeroso de que el chiringito del Amejoramiento se derrumbe, ha desplegado todo su vocabulario de corte reaccionario para rechazar la iniciativa encabezada por Juan Carlos Longás, según ellos un batasuno y un separatista. Si el editorialista de DN anda tan fino de reflejos, es que no ha debido descansar bien estas últimas noches.

Como ya hemos comentado con anterioridad, se ha vuelto a constatar que las fuerzas progresistas y de izquierda que han respaldado la moción de censura no van a poder contar con el PSN en la tarea de construir una alternativa a UPN-PP. Es evidente que el partido que encabeza Jiménez, el de las dietas legales, no está en condiciones de aportar nada en esa tarea urgente y necesaria. Por tanto, deberán ser EH Bildu, Geroa Bai y Ezkerra quienes se pongan las pilas para, dejando a un lado sus legítimas diferencias ideológicas y programáticas, alcancen un consenso básico que permita abrigar esperanzas a la mayoría social navarra que no está dispuesta a aguantar más fechorías por parte de UPN y sus compañeros de viaje. 

Bajo el paraguas de la defensa de una Navarra foral y española, diferenciada del resto de Euskal Herria, se esconde una coalición de intereses espúreos dispuesta a mantenerse en el poder a toda costa, pese a las tropelías cometidas, entre ellas dar el finiquito a la CAN tras embolsarse miles y miles de euros de la misma. Barcina, pese a su victoria pírrica en el parlamento, ha resultado derrotada entre la ciudadanía navarra. Inevitablemente forma parte del pasado de la CFN, por deméritos propios. Su probable imputación tan solo confirmaría ese pronóstico.

 

Frente a ese panorama agónico, es tiempo de engranar esfuerzos colectivos con el único objetivo de abrir un nuevo tiempo en la política navarra, en el que la decencia y el respeto al pueblo sustituyan a tanto abuso y tanto desgobierno. La moción de censura del jueves, pese a su resultado numérico, ha sido el primer paso de un camino que no debe tener retorno. O ahora o nunca.

República versus monarquía

La catarata de calamidades que viene minando la credibilidad de la monarquía española, personificada en la familia Borbón, parece estar alimentando cierto fervor republicano. Un sector de la población del Estado español estima que si la forma monárquica se encuentra en dificultades, es legítimo pensar en adoptar la forma republicana de estado. 

Es cierto que en la llamada "transición", envuelta dentro del hipnótico paquete constitucional, se hizo pasar por democrática la monarquía y con ella al heredero directo del general Franco. En aquella ceremonia guardiacivilizadora, que diría Bergamín, participaron de forma entusiasta PSOE y PCE, amén de otros partidos de derechas. Es curioso que ahora brote tanto republicano desde esas filas, republicanos que esgrimen amnesia cuando se les recuerdan aquellos penosos episodios, en especial la mascarada protagonizada por Carrillo a cambio de la legalización de su partido.

Quiero dejar claro, por si acaso, que entre monarquía y república, así en general, me quedo con la república. No obstante, se me antoja un tanto simplista hacerse uno republicano por mor de las corrupciones de la casa real. Algún otro argumento a favor deberían de utilizar si quieren convencer a las inmensas mayorías. Ahora bien, puestos a hablar de repúblicas, las hay de todos los colores. Ni la Alemania nazi, ni la Francia de Vichy, ni la Chile de Pinochet eran monarquías y lo de Franco, aunque en una de ellas desembocó, tampoco. 

Por suerte o por desgracia, en Euskal Herria tenemos de todo. Monarquía en el sur y república en el norte. ¿Qué nos ha ido mejor? En algunas cuestiones clave, a los vascos nos ha ido mal con los dos formatos, más que nada porque no eran propios, sino ajenos. Depositar en la mera forma de estado demasiadas esperanzas es un ejercicio de riesgo. Lo importante no es el fetiche en sí, sino el modo en que se configura el sistema institucional. En nuestro caso en forma de una república vasca en la que todos los ciudadanos tengan algo que decir, para evitar la deriva presidencialista que suele aquejar a esta forma de estado. Una república participativa, horizontal y respetuosa, alejada de cualquier atisbo de autoritarismo.

Es cierto que las izquierdas, en general, han preferido siempre el sistema republicano de gobierno frente al dinástico, pero ello no nos debe hacer olvidar que existen algunas derechas genéticamente republicanas, mayoritarias en el Estado francés, más escasas de efectivos en el español. El gaullismo es republicano y del conservadurismo de los republicanos estadounidenses está todo dicho. La extrema derecha española y la francesa son también mayoritariamente republicanas.

La bandera tricolor de la república española, que incorpora una tercera franja inferior morada, procedente del pendón de Castilla, a las dos rojigualdas de la borbónica, ostenta cierto glamour romántico. Los avatares de la guerra civil y la acertada definición de "república de trabajadores de todas clases" de la constitución de 1931 pueden ser algunas de las causas del mismo. Pero en sí misma, esa bandera debe colocarse a idéntica altura que la tricolor que se iza a los sones de La marsellesa. Es tan republicana y tan ajena a Euskal Herria como ella.

Presos no comunes

Jorge Fernández Díaz

Ve uno al ministro español de la Gobernación y numerario del Opus Dei, Jorge Fernández Díaz, exclamar en el telediario que aquí no hay presos políticos y que quien manifieste lo contrario que se vaya ateniendo a las consecuencias, y a uno le entran ganas de hacer la valija, emprender viaje y pedir asilo en algún estado mínimamente democrático y un tanto alejado de Madrid, léase Noruega o Finlandia.

Se suele tener por común que cuando en un conflicto uno de los contendientes, de forma unilateral, realiza un acto de distensión, en este caso de cese de actividad armada, el otro, o sea, el Estado español (y por extensión el francés) debería ser proclive a aflojar su zarpa y a realizar algún gesto de buena voluntad en aras a la búsqueda de una solución pausible para los dos bandos.

En cambio, en nuestro caso, no se da nada de esto, al contrario. A pesar de que las muertes son del mismo lado (Angel Figeroa y Xabier López Peña), los estados implicados acrecientan su crueldad y su acoso al disidente. El Estado francés, ocultando la verdadera situación de una persona que está a su cargo, por tratarse de un preso. El Estado español, por su afán de perseguir las opiniones que no comparten su estrecho criterio a la hora de analizar los hechos.

Pese a que Amnistia Internacional define como presos políticos a militantes de grupos armados, como bien apunta Iñaki Iriondo en "Gara", Madrid no va a recular en este punto y va a continuar el asedio contra todos aquellos portavoces de agentes políticos o sociales que remarquen el carácter político del conflicto que se da entre Euskal Herria y los estados español y francés desde hace demasiados años.

Lo curioso del caso es que quienes se empeñan en restar especificidad a los presos de ETA o de la izquierda abertzale, queriendo hacer ver que se trata de delincuentes comunes, no llevan hasta el final su argumentación. De hacerlo, deberían tratarlos globalmente como presos comunes, dejando a un lado la dispersión, el trato diferenciado o la no aplicación de beneficios penitenciarios. Si no son presos políticos, ¿a qué obedece tal discriminación?

Nos encontramos, pues, delante de una nueva escenificación que tan solo pretende cobrar ventaja frente al oponente. Darle otra vuelta de tuerca al aparato coercitivo estatal, en el afán de dejar sin aliento al otro, para que no pueda pensar y se dedique exclusivamente a tareas defensivas. Como ocurre en la fábula del rey desnudo, muy actual por cierto, los que detentan el poder saben perfectamente que existe una motivación política en el surgimiento y desarrollo de la insurgencia armada vasca. Otra cosa es la valoración moral que cada uno haga de los actos violentos cometidos. Sin embargo, pese a conocer de sobra esa circunstancia política originaria, la negarán todas las veces que haga falta, colocando a quienes se atrevan a desafiar esa postura en la tesitura de ser llamados por la fiscalía por posible enaltecimiento del terrorismo.

Definir a los presos de la organización clandestina ETA o de la izquierda abertzale de presos políticos puede llegar a convertirse en un hecho delictivo en el Estado español. Si no son presos comunes, ni se les trata como tales, ¿habrá que empezar a denominarles presos no comunes vascos para sortear la velada amenaza del ministro?

Estekak:

• Crueldade em solo brasileiro [Joseba Vizan auzia] - www.tsavkko.com

Impasse

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De un tiempo a esta parte han sido numerosos los datos observados que nos conducen a calificar la situación política vasca con el galicismo impasse. No se avanza, pero tampoco se retrocede, aunque algunos puedan pensar que la falta de avance ya es, en sí, un retroceso. Podríamos estar de acuerdo con esa apreciación.

Como ya se habrá imaginado el lector, cuando hablo de la situación no me estoy refiriendo a la penúltima escaramuza sobre los presupuestos de la CAV o a la última entrevista concedida por Yolanda Barcina. Me refiero al llamado proceso, para unos de normalización, para otros de democratización, que en su última etapa se ha desarrollado por el impulso de la izquierda abertzale a la reflexión que se resume en el documento "Zutik EH".

La falta de avances en política penitenciaria hacia los reclusos políticos vascos, 17 meses después del anuncio de cese de la actividad armada por parte de la organización clandestina ETA, no es sino el mejor termómetro de que nos encontramos en un impasse. Así lo ha reconocido también la Comisión Internacional de Verificación, que incluso ha insinuado una próxima autodisolución en otoño si no se producen avances significativos. El reciente comunicado de ETA ante el Aberri Eguna 2013, es la confirmación definitiva de que asistimos a un preocupante bloqueo.

Aunque analistas y portavoces políticos coinciden en afirmar que las posibilidades de volver a estadios anteriores al 20 de octubre de 2011, son nulas, lo cierto es que nadie puede asegurar al cien por cien la irreversibilidad de ningún proceso. Solo es necesario echar un somero vistazo a la historia para comprobarlo. Dicho esto, y teniendo en consideración el carácter unilateral de la iniciativa política "Zutik EH", asumida por el conjunto de la izquierda abertzale, lo lógico es pensar en que el regreso a un escenario ya superado es totalmente inviable.

En las últimas fechas se ha sabido que un delegación de ETA se encontraba en Noruega con el objetivo de establecer en aquel país contacto con representantes o enviados del Gobierno del Reino de España. El desvelo de esa circunstancia por la prensa y la consiguiente presión al Gobierno noruego por parte de Madrid, ha logrado que la estancia se interrumpa y la posibilidad de contactos en Oslo se anule, o al menos se aplace hasta la llegada de mejores coyunturas. La organización clandestina ha advertido sobre las consecuencias negativas del episodio.

En resumen, se puede decir que la hoja de ruta establecida en la Declaración de Aiete se encuentra bloqueada. Que la iniciativa unilateral de ETA de proceder al cese de su actividad armada no ha obtenido hasta el momento contraprestación alguna por parte de los gobiernos de Madrid y Paris. Que la organización clandestina mantiene la voluntad de seguir dando pasos, pero teme que, en el caso de que proceda a darlos, carezcan de nuevo de la necesaria respuesta. Que el inmovilismo del PP ha dado por amortizados los posibles acuerdos tácticos que hubieran establecido en su día la organización clandestina y el gabinete de Rodríguez Zapatero. Que a corto y medio plazo la única palabra que puede describir la situación es incertidumbre.
    

Viajar en sub

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Estos días hemos asistido a una catarata de informaciones acerca del nuevo papa de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, entronizado como Francisco. No pienso tratar aquí del futuro de la cristiandad, fenómeno por el que guardo interés cultural que no religioso. Lo que quiero citar son las noticias referidas a la humildad del tal Francisco, su devoción por los pobres y desposeídos y, sobre todo, su amor por los trenes.

Bergoglio, como casi todo el mundo sabe, es hijo de ferroviario, circunstancia que, quierase o no, le marca a uno. Lo sé por experiencia. El caso es que una fotografía del papa, sentado en un vagón del suburbano bonaerense, ha sido reproducida hasta la saciedad. Me alegro mucho de ello, porque el entonces cardenal Bergoglio no renunciaba a viajar con el común de sus paisanos, fueran éstos cristianos, judíos, musulmanes o ateos circunspectos; se tratase de hinchas del Boca Juniors o del San Lorenzo de Almagro.

Que todo un cardenal viaje en sub es un notable acontecimiento. Llevo viajando muchos años en bus, tanto en Bilbao como en Donostialdea, y jamás he tenido el gusto de toparme con uno a la hora de abonar el billete o pasar la tarjeta, como es costumbre ahora. Puede que la razón haya sido la escasez de cardenales que padecemos por estos lares, pero tampoco es que me haya encontrado en nuestros particulares sub con obispos, sacerdotes o archidiáconos.

Lo cierto es que la referencia al sumo pontífice me sirve para llegar al meollo de la cuestión. En nuestro país es verdaderamente excepcional encontrarse en el suburbano de turno con un alcalde, con un concejal, no digamos nada con un subsecretario de Administración Pública o con un viceconsejero de Universidades e Investigación. Hasta hace unas fechas, se podían esgrimir poderosas razones de seguridad para ello, pero una vez anunciado el cese de la actividad de ETA en octubre de 2011, dichas razones han decaído.

La poderosa razón para que nuestros políticos, así en general y sin señalar con el dedo, no frecuenten los medios colectivos de transporte, que por cierto tanto defienden en sus intervenciones públicas, es la pereza. La mayoría de ellos la padecen. Pero no es pereza por montarse en autobús y sacar del bolsillo la tarjeta Mugi o la Barik, sino la pereza de mezclarse con la gente corriente y moliente. Con quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes; con quienes están en desempleo y acuden a una entrevista de trabajo; con los jóvenes que no saben si lo que estudian les servirá para ganarse la vida; con las mujeres que limpian casas ajenas para complementar los ingresos familiares; con los pacientes que acuden al ambulatorio de la capital a hacerse una ecografía.

Termino. El día en que veamos en los periódicos y las páginas web una fotografía del lehendakari, del consejero de Agricultura, del diputado general de turno o del alcalde de alguna capital importante acudiendo a su trabajo en el sub (o en bici, que también valdría) habremos dado un gran paso adelante.

Náusea

Escribir dos comentarios seguidos sobre un mismo tema es, en mi caso, una práctica excepcional. Esta vez lo hago llevado por la náusea que me produce leer las páginas de prensa dedicadas al llamado "Caso Caja Navarra". En el Parlamento se ha pedido la dimisión de Yolanda Barcina, pero resulta que la postura adoptada por otros personajes envueltos en la trama de dietas millonarias, como Alberto Catalán o Roberto Jiménez, es todavía más nauseabunda.

Con toda la cara del mundo, se niegan a devolver el dinero expropiado a todos los navarros, argumentando que los emolumentos están declarados y que el problema recae en la Junta Permanente, órgano de carácter opaco creado ad hoc, y al parecer ideado por los propios Sanz y Barcina. La catadura moral de la dirigencia de UPN ya era conocida de todos, pero que el PSN tenga a su frente a una persona como Jiménez, ajeno a cualquier gesto autocrítico, aunque solo sea por estética, es inaguantable.

El escándalo de las dietas de la CAN no ha hecho sino poner el descubierto el entramado político proveniente del Amejoramiento del Fuero, una especie de "transición a la navarra", consistente en perpetuar los privilegios de la casta conservadora gobernante mediante un pacto con los nuevos actores de la "izquierda", es decir, el PSN y los sindicatos CCOO y UGT. Ahí se ha ido formando un conglomerado de poder, ora el PSN, ora UPN, que ha guiado el barco de la Navarra foral y española hasta nuestros días.

Foto: www.naiz.info

Sin solución de continuidad, de los viejos polvos de Urralburu, Del Burgo y Otano vienen ahora los lodos de Sanz, Barcina y compañía. Bajo el conocido mantra "Que vienen los vascos", se han repartido las prebendas, las gratificaciones, los puestos y las dietas. Han acabado con la primera entidad bancaria del territorio y al mismo tiempo con el poco crédito politico que les restaba.

A partir de ahora, cualquier operación política que cuente entre sus firmantes con alguno de los cobradores de la CAN está llamada al fracaso. Ni Barcina, ni Catalán, ni Maya, ni Jiménez están en condiciones de pilotar nada. Su tiempo ha pasado. Si quieren que sus respectivas formaciones políticas tengan futuro, deberán dejar paso a personas sin mancha para que les sustituyan.

¿Cuál es la alternativa? Es evidente que más pronto que tarde habrá nuevas elecciones autonómicas. Los ciudadanos emitirán su voto y a partir de la nueva composición parlamentaria será preciso negociar la formación de un Gobierno navarro limpio y decente. Tanto Bildu, como Geroa Bai y Ezkerra deberán presentar sus programas alternativos al conglomerado que ha dilapidado la CAN, entre otras tropelías.

Si logran los apoyos suficientes, deberían conformar un ejecutivo de progreso que abra una nueva etapa en la política navarra. Si no los alcanzan, deberán mantenerse en la oposición, planteando opciones alternativas y denunciando los nuevos desmanes que se puedan producir.

Lo que en ningún caso parece viable, a día de hoy, es una colaboración de las fuerzas citadas con el PSN. Mientras este partido no realice a fondo su limpieza interna y pase página a sus tres décadas de colaboración con la derecha, es muy complicado concertar nada con él. Es tan responsable como UPN del actual derrumbe institucional navarro y por tanto debe realizar su propia travesía del desierto si quiere ocupar un lugar en el futuro político de Nafarroa Garaia.