Sin novedad, señora baronesa

El encarcelamiento, tras comparecer ante el TOP, de la alcaldesa de Arrasate, Inocencia Galparsoro, no me ha sorprendido en absoluto. Al contrario que le ha ocurrido a mucha gente de mi alrededor, tenía la certeza de que esta mujer sería encarcelada. Se trata de un acto, a mí entender, totalmente injusto, pero a estas alturas del partido el concepto de justicia que se maneja por esos lares de la meseta es muy ambiguo, por no decir delicuescente.

El Gobierno del PSOE, cuyo mejor aliado es el PNV del tándem Urkullu-Egibar (o Imaz-Arzalluz, que tanto da) ha decidido que si no se puede destituir a Galparsoro por lo civil (moción en el ayuntamiento) se le destituye por lo militar (Audiencia Nacional). El caso es que ANV debe pagar los platos rotos por ETA, organización autora de la muerte del ex concejal del PSOE, Isaías Carrasco. Que no tenga nada que ver en el asunto no alcanza siquiera la categoría de indicio para el señor Garzón.

No hay más cera que la que arde. La situación es la que es y no hay visos de que vaya a cambiar de forma sensible en un plazo corto de tiempo. Es más, todo parece indicar que el ciclo que se abrió con la ruptura del alto el fuego va para largo. Y Zapatero y su partido han tomado la decisión estratégica de ahogar políticamente a la izquierda independentista y llevarla, tras una larga serie de golpes en el hígado, hasta la esquina del ring. Una vez allí se le ofrecerá una única opción: tirar la toalla. Si así lo hace, se le curarán las heridas del combate, con betadyne y las correspondientes vendas, y a otra cosa mariposa.

Seguir protestando ante tanto atropello es legítimo y necesario, sin duda. Pero algo más deberá hacer la izquierda independentista de este país si quiere salir con bien del atolladero en el que se encuentra. Me dicen algunos amigos que circulan análisis de situación en los que se dice que ésta es "buena". No quiero ni imaginarme cómo deberá ser la coyuntura para que esos mismos analistas la lleguen a calificar de "regular" o incluso de "mala". Esperemos que no haya oportunidad para ello.

Alguien cercano que sabe un poco de lo que fue Herri Batasuna en su momento, se acordó con motivo del aniversario de Durango de la larga trayectoria de la formación abertzale, y la conclusión que sacó y me participó fue contundente: "Después de treinta años de pelea, estamos, en general, en peores condiciones". Y yo, que tengo bien ganada fama de pesimista, añado de mi cosecha: "Que dentro de treinta años nadie se acuerde de estas reflexiones. Será la mejor demostración de que estábamos equivocados".

Noticias de ANV

Me llegan noticias del XI congreso nacional de ANV. Entre ellas, la propuesta de creación de una especie de OLP vasca, un Consejo Nacional Vasco que agrupe a las fuerzas independentistas. No me parece mala idea. Sin embargo, y siento decirlo, mientras no haya una previa decantación interna en formaciones como EA o PNV, no considero que la situación esté madura para abordar ese ambicioso proyecto. Se retoma la idea monzoniana de unidos hasta Maltzaga, pero habrá que ver cúal es el objetivo. Si éste es claro, la soberanía nacional, de acuerdo. En caso contrario, ese Consejo puede servir más para crear falsas expectativas que para ser un mecanismo al servicio de la independencia.

Pero hay más cosas interesantes en lo aprobado en Barakaldo. (Otro acierto de ANV, ya que estamos hartos de que todo se celebre en las capitales). Pero vamos al grano. Se habla de la construcción de una Euskal Herria basada en el eskualde, inspirada en la organización del antiguo Reino de Navarra y actualizándola, desechando las divisiones provinciales y el manido alegato a los fueros como sustento soberanista. Doble acierto. La comarca debe ser el eje de la reconstrucción nacional de Nafarroa Osoa, sin duda. Ayuntamientos, comarca y gobierno nacional deben ser los tres pilares a rehacer y desarrollar en cada caso. El fuerismo es respetable pero estéril.

Y tercera cuestión. ANV acierta al situar el objetivo final en la creación de la República de Navarra. Aciertan por lo de república -Bergamín estaría encantado- y por lo de Navarra, verdadera aglutinante de lo vascón. Estimo que es la primera ocasión en que una organización de la izquierda abertzale, en este caso ANV, pone negro sobre blanco ese bello nombre para el sueño independentista. Zorionak!

¿Puede un sólo hombre justo salvar a todos los españoles?

El atropello político-jurídico perpetrado por la Fiscalía, la Abogacía y la Sala del 61 del Tribunal Supremo del Reino de España contra las listas abertzales no tiene parangón. Se trata de una vulneración flagrante del derecho activo y pasivo al sufragio y se emparenta con los métodos del Santo Oficio católico, el régimen nazi contra judíos, gitanos, homosexuales y comunistas o el Gran Hermano de Orwell. Novoy a añadir más por ahora. Tan sólo diré que, rememorando las Sagradas Escrituras, bastará que encuentre un hombre justo para que renuncie a condenar al Fuego Eterno a la Sodoma y Gomorra hispánica. Y a fe que lo he encontrado, aunque sea en forma de artículo de prensa.

Ya me gustaría a mí que lo que dice en su artículo Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional nada sospechoso de simpatizar con las ideas abertzales, lo dijera siquiera algún miembro de las ejecutivas del PNV, de EA o de Aralar. Sería al menos un consuelo ante la cínica postura adoptada por estas formaciones frente al atropello cometido. Es más, si fueran demócratas, hubieran incluido en sus listas a Juntas y Ayuntamientos capitalinos, en plan simbólico, a algún representante abertzale para comprobar si así quedaban contaminadas sus pulcras listas, repletas de demócratas sin tacha. ¡Sepulcros blanqueados es lo que son!

Añado, sin más dilación, el artículo de Pérez Royo, para los despistados que no lo hayan leído:

"Por qué no"

El derecho de participación política no tiene límites. Ni en su vertiente activa ni en su vertiente pasiva, que, como ha dicho el Tribunal Constitucional de manera reiterada y constante, son las dos caras de la misma moneda. Y no los tiene porque no los puede tener, porque es el derecho constitutivo de la igualdad constitucional. Somos iguales en la medida en que participamos en condiciones de igualdad en la formación de la voluntad general, entendiendo por tal la formación de la voluntad en todos los niveles de gobierno constitucionalmente reconocidos: estatal, autonómico y municipal.

Esta es la razón por la que el derecho de participación política, a diferencia de todos los demás, es un derecho exclusivamente ciudadano, del que únicamente somos titulares los españoles. En la titularidad de este derecho es en lo que descansa que iguales seamos los españoles en España, de la misma manera que lo son los franceses en Francia y así sucesivamente. "Los españoles son iguales ante la ley...", dice el artículo 14 de la Constitución. La igualdad constitucional no es una igualdad natural sino una igualdad política, determinada por el derecho a participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad mediante el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo.

La privación del ejercicio del derecho, en su doble vertiente insisto, es, en consecuencia, la negación de la igualdad, la negación de la condición de ciudadano de la persona a la que dicha privación afecta. Por eso no es posible el establecimiento de límites para el ejercicio del derecho. Los dos únicos que se admiten son la condena mediante sentencia judicial firme por un delito que lleva aparejada la pérdida del ejercicio del derecho de sufragio durante el tiempo que indica la sentencia o la incapacidad judicialmente declarada. Fuera de estos dos supuestos, no es posible impedir el ejercicio del derecho de participación. No es posible ni siquiera planteárselo, porque supone la negación del núcleo esencial en que el Estado constitucional consiste. En mi opinión, no sería posible ni siquiera mediante la reforma de la Constitución.

Siempre he considerado que la Ley de Partidos carece de cobertura constitucional y que supone, por tanto, la limitación del derecho de asociación política de manera anticonstitucional, pero es que, además, siempre he considerado que, aunque en su redacción se pudiera salvar la anticonstitucionalidad de la ley, en la aplicación de la misma no sería posible. La aplicación de la ley no puede no ser anticonstitucional, porque tiene que saltar de la limitación del derecho de asociación política al derecho de participación política y esto no es posible hacerlo en términos constitucionales. Pues el derecho de asociación política y el derecho de participación son derechos que están conectados, pero son derechos de naturaleza distinta, cuyos límites ni son ni pueden ser los mismos.

Arnaldo Otegi no está privado del ejercicio del derecho de participación política en ninguna de sus vertientes. No solamente tiene derecho a votar por la candidatura que estime pertinente, sino también a figurar en una candidatura que pueda ser votada por sus conciudadanos. Arnaldo Otegi es tan ciudadano español como cualquier otro. Es posible que a él no le guste serlo, pero lo es. Y mientras lo sea, no puede ser privado del ejercicio del derecho de participación política, excepto por las dos vías antes mencionadas.

Se puede poner fuera de la ley a un partido, pero no se puede poner fuera de la ley a un ciudadano en su condición de tal, en aquello que es el elemento constitutivo de la nacionalidad. Eso constitucionalmente no es posible hacerlo. Es imposible de toda imposibilidad. Anticonstitucionalmente claro que sí. Es lo que está ocurriendo. Sé que no sirve para nada lo que estoy escribiendo, pero, disponiendo de la oportunidad de hacerlo, no me quedaría tranquilo si no lo hago.

Fuente: "El País" de Madrid, 5-5-2007

"Puro cálculo electoral"

La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, ha declarado que PSOE y PP contemplan el asunto de la violación del derecho fundamental al sufragio activo y pasivo (entiéndase impugnación masiva de listas independentistas) como un "puro cálculo electoral". Por una vez voy a estar de acuerdo con la señora Azkarate, aunque añadiría que la contemplación atañe también a otras formaciones políticas, como pueden ser PNV, Ezker Batua o Aralar.

¿Que sustancia jurídica tiene impugnar la lista de ANV en Donostia y no hacerlo en Urnieta, por ejemplo? ¿Que haya más o menos personas de la extinta Batasuna? ¿O que se trate de una ciudad importante por un lado y un pueblo de 6.000 habitantes por el otro? La felonía que están protagonizando el PSOE y su aparato jurídico-represivo no tiene parangón en ninguna "democracia" europea conocida. Si ese partido promueve el delito, que sea ilegalizado, como ya lo han sido felizmente Alternativa Española o las distintas Falanges ¿o estoy equivocado?, pero si repudia la violencia y es impolutamente legal, debe poder acudir a los comicios sin tacha alguna.

Lo que ocurre en esta coyuntura es que mientras los que crearon la Ley de Partidos son prisioneros de ese insulto a la democracia liberal, quienes la condenaron pueden verse muy beneficiados en su aplicación grosera contra la izquierda abertzale independentista, y por tanto afirman primero que la Ley es un bodrio (Azkarraga dixit) y seguidamente culpan a Batasuna de no poderse presentar a las elecciones porque no condena la violencia. ¿Pero ha condenado alguna vez el PP el franquismo o la invasión de Irak, dos claros casos de violencia? ¿A qué estamos jugando?

Las intervenciones de Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu estos días han sido antológicas. Más bajo no podían haber caído estos demócratas 100%, que por cierto, nada parecen saber de la corrupción destapada en la Hacienda nacionalista de Irun. Cosas de la vida.

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, actúa de Gran Inquisidor Jefe y nos deleita hablando de "respeto a la Constitución y al sistema electoral", mientras añade que Batasuna, un partido inexistente y disuelto, recordemos, "ha fagocitado algunas listas electorales de un partido distinto y legal", como es ANV. Si no fuera tan grave el asunto, pareciera que nos encontramos ante una nueva aventura del Superagente 86. La maquinaria inquisitorial puesta en marcha por el PSOE no tiene precedentes ni tan siquiera en la época del PP, que al fin y al cabo no actuó de esta forma contra un partido absolutamente legal como es ANV.

Lo más curioso de todo esta operación es que todos aquellos que se han desgañitado en exigir a la izquierda independentista que haga política y acepte la Ley de Partidos, son los mismos que tumban a Abertzale Sozialisten Batasuna, cuyos estatutos cumplen a rajatabla con esa ley; a las agrupaciones electorales de AS y a la mismísima EAE-ANV. ¿Alguien lo entiende?

Los demás, que no tienen culpa por activa, la tienen por pasiva. Pocos son los que han levantado la voz denunciando semejante atropello. Quisiera oír en estos días las voces de esa otra izquierda, la de Javier Madrazo, la de Patxi Zabaleta, la de Uxue Barkos o la de Milagros Rubio, tan preocupados todos ellos por las libertades, tan sensibles con las garantías demcráticas. Que se hagan oír, porque sino tendremos que pensar que están aguardando acontecimientos en espera de un miserable rédito electoral, gracias a la marginación manu militari de la izquierda independentista en la próxima contienda del día 27.