Quiero ser aforado

Gonzalo Moliner y Alberto Ruiz Gallardón

En el inicio de los tiempos, los padres de la patria estimaron que la actividad política de parlamentarios y senadores, tras una larga dictadura, debía verse protegida por el llamado aforamiento. Es decir, los representantes del pueblo no serían juzgados por el juez ordinario, sino por el Tribunal Supremo o, en su caso, por el Tribunal Superior de la respectiva comunidad autonómica.

En aquellas fechas fundacionales de lo que se ha venido en denominar "Transición", casi todo el mundo consideró que la medida era adecuada a derecho y proporcionada. En ningún caso iba a derivar en abusos ni en componendas. Parece evidente que la opinión ayoritaria estaba equivocada.

Tramposos

Con los datos que se han ido publicando en las últimas semanas, y respetando siempre la presunción de inocencia de las personas implicadas, se puede deducir, sin exagerar un ápice, que el Partido Popular (antes Alianza Popular) es una máquina de hacer dinero. Dinero blanco, dinero negro, dinero de todos los colores.

Desear el mal

Nos llegan desde Madrid algunos síntomas de crueldad que confirman, no solo el inmovilismo, sino el retroceso en las posturas del PP y aledaños en torno al proceso vasco. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, hermana del concejal de Ermua Miguel Angel Blanco, secuestrado y muerto por un comando de la organización clandestina ETA en 1997, ha concedido una entrevista al diario El Mundo, con motivo del aniversario de la muerte del concejal. Una muerte que, conviene recordar, movilizó a millones de personas en todo el Estado español y sustentó el llamado Espíritu de Ermua.

Barcina no, Jiménez tampoco

www.noticiasdenavarra.com

Hemos estado demasiado acostumbrados a contemplar operaciones políticas cuyo único objetivo es desbancar del poder a quien lo ostenta. Pueden ser operaciones legítimas desde todos los puntos de vista, aunque muchas de ellas despierten sospechas, al dejar en un segundo plano las necesidades reales de los ciudadanos a quienes gobierna la institución de que se trate.