El Estado con mayúsculas

La reciente decisión del pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) español, presidida por el mediático juez Manuel Marchena, el del juicio al procés, de ordenar repetir el juicio conocido como Bateragune, es la mejor demostración de que el Estado español existe y además debe escribirse con mayúsculas. Cuando las cosas se ponen complicadas, el Estado profundo, el de verdad, no se achica y da la cara, bien sea por su tercio militar, por su tercio judicial o por su tercio de los media, o por los tres a un tiempo, si la ocasión así lo requiere. 

Miren Zabaleta, Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez

Existe una franja de población, mayor de la que se pudiera sospechar, que sigue creyendo que todo esto es una broma de mal gusto, que en realidad es el pueblo el que más ordena, como dicen en Grándola, pero se encuentran terriblemente equivocados. Lo que hace el pueblo de un tiempo a esta parte es obedecer órdenes, que es cosa bien distinta. 

Sabido es que ha existido una llamada guerra sucia por parte del Estado para intentar cercenar las alas al movimiento de liberación nacional y social vasco. Una guerra que ha causado cientos de muertos en el frente bélico, pero que ha significado la toma de decisiones políticas y judiciales de largo alcance en los momentos decisivos del conflicto. La eliminación física del enemigo ha sido una práctica habitual, basta recordar los casos de Etxebarrieta, Argala, Santi Brouard o Josu Muguruza, por citar algunos de los más conocidos. 

Pero es que ya en el año 1974 se produjo un intento de atentado mortal contra el miembro de la organización clandestina ETA Josu Urrutikoetxea. Franco aún vivía pero Carrero Blanco, recién fallecido, había tenido tiempo de poner en marcha en 1972 el SECED, Servicio Central de Documentación, heredero de la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) creada por el Jefe del Estado Mayor Agustín Muñoz Grandes en 1968, a instancias del Ministerio de Educación, con el objetivo de estrangular el movimiento estudiantil democrático que estaba cogiendo impulso. El SECED disponía en ese momento de 200 personas en plantilla, la gran mayoría militares, y de unos 5.000 colaboradores, muchos de ellos infiltrados en las organizaciones políticas, sindicales y sociales de la oposición a Franco.

El general Gutiérrez Mellado convertiría el SECED en CESID, y posteriormente se transformaría en CNI. Cambian los nombres pero los objetivos siguen intactos, lograr información y actuar en consecuencia, así de sencillo. 

Nada más lejos de mi intención el relacionar a los servicios secretos con una decisión judicial del TS. Lo que quiero argumentar es que el Estado, siempre con mayúsculas, tiene su propia dinámica, ajena al Gobierno de turno y a los partidos que lo integran. El Estado no funciona en base a una coyuntura concreta, sino que sigue las directrices generales necesarias para mantenerse fuera de peligro. Por ejemplo de un proceso de secesión que achicaría su poder y su dominio sobre el territorio.

La opinión pública se escandaliza por los chats de militares retirados que hablan de fusilamientos masivos o por lo videos de militares en activo que entonan canciones neonazis. Pero admite con bastante naturalidad que el TS se burle descaradamente de la Justicia con mayúsculas y dictamine un disparate jurídico como el consistente en volver a juzgar a Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez, Rafa Díez Usabiaga y Arnaldo Otegi. Personas acusadas, juzgadas y condenas por unos hechos inexistentes, como la gente medianamente informada conoce. Pero es que además han pasado seis años en la cárcel cumpliendo una pena emitida en un juicio anulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. al constatarse que el tribunal no ejerció de forma imparcial sus funciones.  

Varios expertos juristas han opinado que se trata de un caso flagrante de prevaricación, veremos en que queda finalmente todo el asunto. Por el momento se ha vuelto a producir una injusticia manifiesta contra personas que defienden la democracia para Euskal Herria, ese es su único delito. Personas que en vez de ser indemnizadas de una u otra forma por la injusticia cometida contra ellas, se ven abocadas a sufrir un nuevo proceso judicial, que no sabemos en que nuevo disparate puede concluir. 

Los independentistas catalanes conocieron en 2017 la verdadera naturaleza del Estado español con mayúsculas, que dio la talla en su faceta represora de las ansias de libertad del pueblo. Los independentistas vascos lo sabíamos con creces desde hace décadas. Que nadie se llame a engaño, el aparato del Estado esencial, el que nunca duerme, tiene a su servicio a miles de marchenas dispuestos a servirle con lealtad. A partir de esa constatación podemos empezar a hacer números, pero sin crear falsas expectativas. En definitiva, estamos más para apretar los dientes que para sonreír. ⧫

Resolución del Tribunal Supremo

TS Penal 15 diciembre 2020

Los servicios secretos en España