Malas compañías

Los casos de corrupción no cesan de aparecer en los medios de comunicación, salpicando tanto al PSOE como al PP. Los últimos capítulos en la larga lista corresponden al Caso Cerdán y al Caso Montoro. No voy a hablar de ellos, porque son suficientemente conocidos, sino de alguna situación derivada que nos afecta en Euskal Herria. El estallido del Caso Cerdán ha abierto un enorme orificio en la línea de flotación del "Gobierno más progresista de la historia" (del Estado español). El partido socialista ha quedado noqueado, su socio de gobierno, Sumar, no sabe como lidiar el asunto, y las formaciones de izquierda que acompañan a P. Sánchez desde la investidura se han quedado sin margen de maniobra.

Los túneles de Belate, una de las obras adjudicadas a Servinabar. Foto: eldiario.es

Que dos secretarios de organización del PSOE, nombrados directamente por su secretario general, estén involucrados en operaciones de amaños de contratos de obras públicas es un asunto muy serio que obliga a Sánchez a reaccionar con audacia o a dejar que otra personalidad de su partido, o un independiente, lidere lo que resta de legislatura con un programa ambicioso de reformas en clave progresista, pero de verdad.

Ya hemos tocado en otras ocasiones el desgaste que supone para una formación soberanista el apoyo continuo a un ejecutivo que no acaba de reconocer de forma solemne el carácter plurinacional del Estado español. Dudo mucho que lo haga de aquí al 2027. Es cierto que la mayoría de la cámara española ha aprobado leyes importantes, pero ahora se muestra incapaz de aprobar unos presupuestos, amén de que sigue sin derogar la Ley Mordaza, la de Secretos oficiales o no acaba de regularizar la situación de miles y miles de inmigrantes, por poner tres temas sobre la mesa.

Todo empezó en Navarra

Volviendo al Caso Koldo/Cerdán, nos encontramos con la evidencia de que de los tres principales encartados en la trama corrupta, dos son navarros, uno llegó a ser concejal en Uharte y el otro en Milagro. De ahí saltaron a Madrid cuando José Luis Ábalos fue nombrado ministro de Transportes. Pero es que además un personaje clave de la trama es Antxon Alonso Egurrola, empresario de Elgoibar y responsable de la empresa Servinabar 2000 SL, una pieza fundamental en la operativa del grupo que cobraba mordidas por adjudicaciones de obras. Cabe citar la delicada posición de la presidenta navarra Maria Chivite, amiga de Cerdán y conocida de Antxon Alonso. Se ha pedido su dimisión por las adjudicaciones de obras a Servinabar y su vicesecretario general en el PSN, Ramón Alzorriz, ha dimitido tras conocerse que su pareja trabajó en la citada constructora, gracias a el señor Alonso.

Se ha sabido estos días que el citado Alonso Egurrola ha mantenido contactos con varios representantes de la izquierda soberanista. Primero con Arnaldo Otegi para desbrozar una posible vía de diálogo con Cerdán y el PSOE y luego con Peio Otxandiano para valorar los pormenores de una línea eléctrica de alta tensión. Ahora bien, Alonso se habría reunido con el portavoz parlamentario de EH Bildu en calidad de representante de Forestalia. 

En todo caso, y tras el reconocimiento público de los encuentros, hay que señalar que los mismos, pese a las buenas intenciones de los políticos abertzales, siembran dudas sobre la transparencia de dichas actuaciones, dada la sinuosa trayectoria del personaje. Es cierto que se debe hablar hasta con el diablo si existe un bien común a salvaguardar y también que a veces es necesario que los encuentros se produzcan de forma discreta, en aras de su propia eficacia. 

Sin embargo, las malas compañías, por lo general, solo pueden traer complicaciones no deseadas a quienes se exponen a las mismas. Quiero entender que si los dirigentes soberanistas hubieran tenido conocimiento de la implicación de Alonso Egurrola en el Caso Cerdán, se habrían abstenido de reunirse con él.

Algo huele a podrido en Moncloa y en Ferraz. Seguir apuntalando al Gobierno de Sánchez, como hace la mayoría de la investidura, para evitar el asalto de la derecha y la extrema derecha al poder puede resultar razonable hasta que deje de serlo, si el caso se agrava con nuevas imputaciones, que a día e hoy no son descartables. ⧫