Barcina no, Jiménez tampoco

www.noticiasdenavarra.com

Hemos estado demasiado acostumbrados a contemplar operaciones políticas cuyo único objetivo es desbancar del poder a quien lo ostenta. Pueden ser operaciones legítimas desde todos los puntos de vista, aunque muchas de ellas despierten sospechas, al dejar en un segundo plano las necesidades reales de los ciudadanos a quienes gobierna la institución de que se trate.

Por el contrario, se dan ocasiones en las que el mero desalojo del poder de ciertos políticos, susceptibles de ser condenados por corrupción, resulta una tarea inexcusable, por simple higiene democrática. El bienestar que sin duda obtendría la población gracias a la salida de los implicados en casos de corrupción sería tan alto, que merece la pena la renuncia y el sacrificio de parte de los postulados propios en aras de lograr una amplia entente que posibilite el citado desalojo.

Como habrán adivinado, me estoy refiriendo a la Diputación de Navarra, cuyo control por parte de UPN se ha convertido durante décadas en razón de Estado para bloquear cualquier posibilidad de que fuerzas políticas que proclaman la existencia de Euskal Herria se hagan con el control de la entidad. Sin embargo, el caso de las dietas de la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) ha cambiado de forma sustancial la situación. El Gobierno de Yolanda Barcina está políticamente herido de muerte, como la propia presidenta, y su numantina defensa del sillón foral acabará, más temprano que tarde, en la convocatoria de nuevas elecciones.

De cara a esa eventualidad, las fuerzas progresistas y de izquierda que coinciden en la necesidad del relevo, están obligadas a aunar esfuerzos con el objetivo de lograr los 26 escaños necesarios para acceder al Gobierno de Nafarroa Garaia. Recientemente, EH Bildu ha ofrecido a Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra la construcción de un acuerdo a tres que posibilite la alternancia política en la CFN.

Hay, no obstante, gentes y agentes que siguen planteando que a esa unidad a tres le falta la cuarta pata, el PSN. Es una opinión política respetable, pero irreal. No conviene hacerse trampas a uno mismo, aunque el objetivo a lograr sea muy loable. En primer lugar, el PSN carece de autonomía para implicarse en dicha operación. La última palabra la pronunciará su dirección estatal en Madrid. Ya hemos conocido el resultado en anteriores ocasiones. Más preocupante, aún, es que dos de sus principales dirigentes, Roberto Jiménez y Samuel Caro están implicados de forma directa en el escándalo de las dietas, con el agravante de que en su caso ni siquiera han devuelto el dinero percibido por ese concepto, argumentando que los cobros eran legales.

Por si esto fuera poco, el PSN ha boicoteado la moción de censura contra Barcina presentada en su día por Bildu y Aralar-NaBai, decisión que impidió el desalojo de la líder de UPN. Fue algo así como echarle un flotador a quien se está ahogando políticamente. En estos días, Jiménez insiste en que Barcina debe dimitir, pero su partido no hace nada para facilitar su salida de la institución foral. Ni lo hará en el futuro, siguiendo las instrucciones emanadas de su sede central madrileña.

Una verdadera alternativa al régimen foralista navarro que se ha mantenido gracias al Amejoramiento no puede pasar por una entente con partidos y dirigentes que, no solo han colaborado en el sostenimiento del Gobierno, sino que se han repartido prebendas con UPN sin ningún recato, como se ha demostrado en el caso CAN. Tan solo un profundo proceso de refundación en el seno del PSN, que incluyera el cambio de la actual dirección por un equipo nuevo sin salpicaduras corruptas, podría variar esa posición. Entretanto, el citado acuerdo a tres, que de conformarse podría despertar la ilusión de muchos ciudadanos hoy por hoy descreídos, se presenta como la tarea inexcusable a llevar a cabo en este momento político.