Vieja política

Dos situaciones paralelas en el tiempo me han llevado a escribir este apunte. Por un lado las interminables negociaciones en Catalunya y Bélgica para intentar conformar un Govern que deje a un lado la vigencia del artículo 155. Por otra el anuncio de que las ciudadanas de la CAPV podrán enviar sus reflexiones a la ponencia parlamentaria sobre el nuevo estatus. 

Nada tienen que ver las dos cuestiones, pero detrás de ambas subyace un grave problema que aqueja a la inmensa mayoría de los sistemas autodenominados democráticos, las democracias formales occidentales. El problema es la falta de participación política de la ciudadanía más allá de emitir el voto (o abstenerse) cuando se convocan elecciones de diverso calado.

Precisiones

Llevaba tiempo dándole vueltas a este tema y por fin me pongo a ello. Detesto el lenguaje políticamente correcto, en general, y el que se refiere a la cuestión política, en particular. La razón básica es que disminuye la claridad expositiva, confunde y embarulla. Por lo tanto resulta mucho más práctico llamar a las cosas por su nombre.

Por ejemplo, en los últimos años se ha puesto de moda el término "derecho a decidir" aplicado en diferentes campos de juego. Así, en abstracto, es un concepto con el que nadie puede estar en desacuerdo. El problema surge cuando se intenta concretar, cuando hay que determinar qué es lo que se decide y, sobre todo, quién lo decide. Ahí reside el meollo de la cuestión. 

Derecho a decidir a los 16

Pasada la primera oleada de reacciones tras la consulta sobre la independencia de Escocia, conviene detenerse en aspectos que, por colaterales, no dejan de tener su interés. Uno de los que han pasado más desapercibidos es la posibilidad de que los jóvenes de entre 16 y 18 años tengan, al menos en esta ocasión, derecho al sufragio. Una medida que responde a la evolución de la sociedad. No hace tanto tiempo que en el Estado español la mayoría de edad (y el derecho al voto) se situaba en los 21 años. Posteriormente se rebajó hasta los 18. ¿No sería ya la hora de colocar la barrera en los 16, edad en la que una persona reúne las condiciones necesarias para ostentar un trabajo, contraer matrimonio o ser sujeto de responsabilidad penal? 

Ellos se van, ¿y nosotros?

La cuatro fuerzas que sustentan la mayoría en el parlamento del Principat han acordado la fecha y la pregunta para la consulta que pretenden celebrar el año venidero. Será el 9 de noviembre de 2014 y las papeletas llevarán impresa esta doble cuestión: ¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado? Y en caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?

A día de hoy es difícil predecir si la consulta se celebrará, si en su caso será vinculante, si el Estado español aceptará el resultado e incluso si este será positivo o negativo. Pero dejando a un lado el desarrollo de los futuros acontecimientos, es evidente que la mayoría de la ciudadanía de Catalunya ha decidido soltar amarras con Madrid. Y en estos asuntos, a veces es más determinante lo que sale del corazón que lo que te pide hacer la cabeza.