Presos no comunes

Jorge Fernández Díaz

Ve uno al ministro español de la Gobernación y numerario del Opus Dei, Jorge Fernández Díaz, exclamar en el telediario que aquí no hay presos políticos y que quien manifieste lo contrario que se vaya ateniendo a las consecuencias, y a uno le entran ganas de hacer la valija, emprender viaje y pedir asilo en algún estado mínimamente democrático y un tanto alejado de Madrid, léase Noruega o Finlandia.

Se suele tener por común que cuando en un conflicto uno de los contendientes, de forma unilateral, realiza un acto de distensión, en este caso de cese de actividad armada, el otro, o sea, el Estado español (y por extensión el francés) debería ser proclive a aflojar su zarpa y a realizar algún gesto de buena voluntad en aras a la búsqueda de una solución pausible para los dos bandos.

En cambio, en nuestro caso, no se da nada de esto, al contrario. A pesar de que las muertes son del mismo lado (Angel Figeroa y Xabier López Peña), los estados implicados acrecientan su crueldad y su acoso al disidente. El Estado francés, ocultando la verdadera situación de una persona que está a su cargo, por tratarse de un preso. El Estado español, por su afán de perseguir las opiniones que no comparten su estrecho criterio a la hora de analizar los hechos.

Pese a que Amnistia Internacional define como presos políticos a militantes de grupos armados, como bien apunta Iñaki Iriondo en "Gara", Madrid no va a recular en este punto y va a continuar el asedio contra todos aquellos portavoces de agentes políticos o sociales que remarquen el carácter político del conflicto que se da entre Euskal Herria y los estados español y francés desde hace demasiados años.

Lo curioso del caso es que quienes se empeñan en restar especificidad a los presos de ETA o de la izquierda abertzale, queriendo hacer ver que se trata de delincuentes comunes, no llevan hasta el final su argumentación. De hacerlo, deberían tratarlos globalmente como presos comunes, dejando a un lado la dispersión, el trato diferenciado o la no aplicación de beneficios penitenciarios. Si no son presos políticos, ¿a qué obedece tal discriminación?

Nos encontramos, pues, delante de una nueva escenificación que tan solo pretende cobrar ventaja frente al oponente. Darle otra vuelta de tuerca al aparato coercitivo estatal, en el afán de dejar sin aliento al otro, para que no pueda pensar y se dedique exclusivamente a tareas defensivas. Como ocurre en la fábula del rey desnudo, muy actual por cierto, los que detentan el poder saben perfectamente que existe una motivación política en el surgimiento y desarrollo de la insurgencia armada vasca. Otra cosa es la valoración moral que cada uno haga de los actos violentos cometidos. Sin embargo, pese a conocer de sobra esa circunstancia política originaria, la negarán todas las veces que haga falta, colocando a quienes se atrevan a desafiar esa postura en la tesitura de ser llamados por la fiscalía por posible enaltecimiento del terrorismo.

Definir a los presos de la organización clandestina ETA o de la izquierda abertzale de presos políticos puede llegar a convertirse en un hecho delictivo en el Estado español. Si no son presos comunes, ni se les trata como tales, ¿habrá que empezar a denominarles presos no comunes vascos para sortear la velada amenaza del ministro?

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• Crueldade em solo brasileiro [Joseba Vizan auzia] - www.tsavkko.com