El Estado monopoliza la violencia

Donostiako manifestazioa, joan den larunbatean. www.gara.net

Hasta los liberales más radicales, esos que pretenden privatizar incluso el aire que respiramos, tienen una línea roja que nunca traspasan. El Estado, aunque se quede sin competencias para emitir sellos de correos, debe mantener el monopolio de la violencia. Es decir, un ejército, una o varias policías, unos tribunales de justicia, unas cárceles. Aceptarán que las cárceles sean gestionadas por una empresa del grupo de seguridad de los Mayor Oreja, pero no consentirán que las prisiones desaparezcan.

Viene todo esto a cuento de la operación policial de octubre de 2009 por la que fueron detenidos varios militantes independentistas por el grave delito de reunirse para hablar de política. Más claro, para que el movimiento al que pertenecen pasase de una estrategia político-militar (que incluía el ejercicio de la violencia de respuesta o insurgente) a otra estrictamente política, pacífica, democrática.

El Estado español, en el pleno ejercicio de la violencia, en grado de monopolio, privó de libertad a la mayoría de estas personas y año y medio después las juzga en base a las mismas premisas argumentadas en el momento de la operación. Esto es, ese grupo de personas trabajaban a las órdenes de ETA. Es decir, que quienes se dedicaban a construir todo un andamiaje teórico-político para que concluyese la actividad de la organización clandestina, con su consiguiente desaparición a medio plazo, estaban en realidad trabajando para ella.

Quienes vivimos en este país, estamos mínimamente informados y tenemos algo  de sentido común, sabemos de sobra que se trata de un absurdo mayúsculo. Que lo que pergeñó en su momento el juez Baltasar Garzón y ahora confirma el fiscal Vicente González-Mota es una verdadera fantasía jurídica. Lo que ocurre es que al Estado le conviene mantener su intransigencia, para defender así sus posiciones en el tablero de ajedrez en el que se libra la batalla. Los resultados del 22M han sido una bofetada en el rostro para ellos y ahora quieren devolverla en forma de sentencia ejemplar. Al menos eso es lo que parece.  

El mantenimiento de la petición de 10 años de cárcel para Arnaldo Otegi y Rafa Díez, los nueve para Miren Zabaleta y los ocho para Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez es un auténtico despropósito. Pero no por el número de años, que es una auténtica burrada, sino por su propia existencia. En este caso, una multa de cien euros también sería un despropósito. Ninguno de los cinco citados, ni de los otros tres que han sido eximidos de acusación, funcionaba de forma clandestina. Al parecer acudían, entre otros lugares, a una conocida sede sindical, con el afán de intercambiar puntos de vista sobre el proceso político. Y por ese hecho se les acusa de ser dirigentes terroristas.

Habrá que volver a recordar cómo están las cosas en este país. Habrá que decir que la organización clandestina ETA está parada de forma permanente, que ni siquiera manda cartas a los empresarios. Habrá que decir que no se dan hechos de kale borroka. Habrá que explicar que la Diputación de Gipuzkoa, gobernada  por Bildu, ha rechazado con contundencia el ataque al monolito en recuerdo del ex gobernador civil Juan María Jauregi, muerto por ETA en el año 2000. Podría seguir con la lista, pero no hace falta. En el campo contrario, el de los Estados, prosiguen las detenciones. Hoy mismo se ha producido otra en Cahors. Y, lo que es más grave, continúa el ataque policial-judicial contra los principales actores de la nueva estrategia independentista. ¿Qué es lo que busca el Estado con este nuevo desafío a quienes queremos la paz, una paz justa y duradera, para el pueblo vasco? ¿Qué persigue manteniendo su estrategia de violencia político-judicial?

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• La instrumentalización permanente - Daniel Escribano y Pau Casanellas [rebelion.org]