Derecho al voto

Afrontamos mañana domingo unas nuevas elecciones en las que está en juego el mantenimiento del sistema  político creado por el PNV, basado en un inasible amor por el país y un evidente cariño al enriquecimiento de propios y allegados. Un sistema en el que se han sucedido sin solución de continuidad innumerables casos de corrupción, de amiguismo, de enchufismo, incluyendo el fraude en las oposiciones a Osakidetza.

Todo esto es ya sabido y huelga repetirlo una y mil veces. Quien mañana vote al PNV, aunque que lo haga con la mejor intención, debe saber que estará contribuyendo al continuismo y apostará por cuatro años de más de lo mismo. Es demoledor, pero todo indica que la mayoría de los votantes arrimará su ascua al calor de Urkullu y los suyos.

No obstante, me gustaría incidir en un aspecto novedoso de las inminentes elecciones, como es que se van a desarrollar en medio de la pandemia de la covid19 que no acaba de remitir y que sigue ocupando la mayor parte del horario de los informativos de radio y televisión. El lehendakari Urkullu es el máximo responsable de que las elecciones se celebren en ese contexto anómalo, porque sabiendo ya que existía el covid19 disolvió el parlamento por un mezquino interés particular y convocó elecciones para abril. Tras verse obligado a suspenderlas, no sin resistencia, se atrevió a hacerlo para el 12 de julio, en un empeño por no convocarlas en otoño, como correspondía en un principio, decisión que algún día tendrá a bien aclararnos.

Pues bien, ante la inminencia de los comicios y la constatación de cientos de personas infectadas que han dado positivo a la prueba PCR, el Gobierno Vasco no solo no asegura el derecho al voto de todos los ciudadanos de la CAPV, sino que amenaza a los que hayan dado positivo con la aplicación de la ley, en base a un supuesto delito contra la salud pública, prohibiéndoles de hecho que ejerzan el derecho al voto. Por lo tanto, mañana el derecho al voto estará restringido en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Una situación sin precedentes, a todas luces gravísima, pero que Ajuria Enea afronta con un absoluto desprecio a los derechos democráticos de la ciudadanía. Casualidad o no, se da la circunstancia de que la mayoría de infectados residen en Ordizia, una población gobernada por EH Bildu.

Varios expertos en derecho constitucional han salido al paso del desvarío, pronunciándose de forma tajante en contra de la restricción del derecho al voto en base a padecer una determinada patología en la salud. Por esa misma regla de tres se podría impedir el voto a los enfermos por VIH, tuberculosos, leprosos o poseedores de alguna otra enfermedad contagiosa.

Una cosa es que las personas que han dado positivo en el test PCR puedan extender el coronavirus entre el resto de la población, lo que debe ser impedido por las autoridades, y otra muy distinta es prohibirles que voten en libertad a quien deseen. Existen alternativas viables, como el que funcionarios municipales o judiciales recojan sus votos de forma segura y los depositen en la urna correspondiente, por ejemplo, o haber implementado un voto por correo expres para estos casos.

Todo antes de caer en un error ético y democrático de proporciones gigantescas, como es la negación del derecho al voto de una parte, aunque sea pequeña, de la población. Si el derecho al voto no es universal, deja de ser derecho. Por lo tanto, las elecciones de mañana no reúnen las condiciones de igualdad entre todos los ciudadanos, se van a desarrollar en un clima enrarecido y, por supuesto no van a reflejar la voluntad popular al cien por cien. ⧫