¿Quién ejerce el derecho a decidir?

La situación política vasca, referida a Euskal Herria, no a la reducida CAPV, se puede considerar que se encuentra en fase de reseteado a distintas velocidades y con distintos objetivos. Tenemos un país demediado en tres partes, es lo que hay, y hasta ahora, después de 40 años de postfranquismo, no hemos sabido avanzar en una necesaria confluencia amancomunada, que no unitarista.

Foto: eitb.eus

En Vascongadas andamos a vueltas con el nuevo estatus, o sea, la nueva adaptación legal y jurídica, para sentirnos cómodos en el Reino de España, sin rupturas ni escándalos al estilo catalán. El acuerdo no es imposible, pero sí difícil, ya que sería un error dejar de lado al PSE en un paso de tal calibre, según dicen. Por lo tanto, la posible entente entre PNV, Bildu y Podemos se antoja como necesaria, pero no suficiente.


La clave de bóveda del nuevo edificio, mixtura entre mera autonomía y cierto grado de soberanía, que no independencia, se quiere sostener en el llamado derecho a decidir, un concepto de nueva construcción, un neologismo,  que intenta colar de tapadillo en el debate político el concepto histórico de derecho de autodeterminación. Se intenta evitar la mención a la bicha autodeterminista, pero como ocurrió en Catalunya, a la hora de la verdad la herramienta verdadera es el derecho de autodeterminación, como proclamó el Parlament en su Ley de Referéndum de Autodeterminación y no el maleable derecho a decidir, que cada partido interpreta a su modo y manera. Y así no hay forma de ir hacia adelante.

Suponiendo que la cosa cuaje, se plantearía una consulta a la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, o sea a un ente inexistente desde el punto de vista nacional vasco. Una consulta en la que no cabe plantear el derecho a secesión del pueblo vasco, porque el colectivo consultado no lo es. Ya sé que los defensores a ultranza del derecho a decidir afirman que el sujeto a consultar debe ser una realidad que goce de una articulación administrativa, como es el caso de la CAPV. Es una posición respetable, pero no la comparto.

¿Se imaginan los lectores una consulta autodeterminista en Escocia en la que tan solo puedan votar los habitantes de 20 de sus concejos y los de los otros 12 concejos restantes permanezcan a la expectativa, sin poder participar? Pues yo tampoco.

No se trata de ser inmovilista, ni de negar cualquier oportunidad a soluciones imaginativas, pero para un viaje que puede consolidar durante décadas la actual división territorial, no necesitamos alforjas. Creo que es más interesante dentro de un proceso de construcción nacional la puesta en común de una autonomía a cuatro, en referencia a los territorios vascos bajo administración española, que el supuesto paso a una independencia de tres de ellos.

Nafarroa Garaia e Iparralde

Situación muy distinta es la que se vive en Nafarroa Garaia, con las fuerzas progresistas empeñadas en sacar adelante el desafío de arrinconar por otros cuatro años a los protagonistas del régimen pasado (UPN-PP y PSOE). A nadie se le escapa que la unidad de acción es frágil, sobre todo por lo que respecta a Podemos, y que las dificultades, en vez de disminuir crecerán según se acerquen las próximas elecciones.

Se han dado algunos pequeños pasos hacia la normalidad de las relaciones institucionales entre los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, pero habría que dar más y con mayor decisión. Se puede entender la prudencia al respecto, dado el férreo marcaje de la oposición derechista, pero en política no suelen darse segundas oportunidades. 

En todo caso, el debate político navarro no pasa a día de hoy por la implementación del derecho a decidir, ni mucho menos por la posibilidad de que el territorio foral se incorpore a una autonomía a cuatro junto a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Esa pieza musical no figura en el actual programa del concierto político navarro. Lo que venga más adelante ya se verá.

En cuanto a la Mancomunidad de Iparralde, empieza a dar sus primeros y humildes pasos. Valorarla desde espacios ajenos es un error. Desde aquí puede parecer poca cosa, pero desde los territorios vascos bajo administración francesa se valora como un hito, teniendo además en cuenta el amplio consenso alcanzado, que implica a casi todo el abanico político de Iparralde, salvo la extrema derecha. Tiempo al tiempo.

Y termino dejando al lector una interrogante sobre el ejercicio del derecho a decidir y su posible sujeto. Si se parte de que su aplicación debe hacerse a partir de una realidad administrativa efectiva, ¿cabría que la población del territorio foral de Araba ejerciese ese derecho, proponiendo la creación de una comunidad autónoma con La Rioja, por ejemplo? ¿Cuál es el ente administrativo mínimo que puede ejercer el derecho a decidir? ¿La comunidad autónoma, la provincia, la comarca o el municipio? 

Nos adentramos en un terreno resbaladizo, muy bien aprovechado por los enemigos del independentismo catalán con el fantasmagórico invento de Tabarnia. No es por dar ideas al enemigo, pero ahí veo una peligrosa fragilidad para la puesta en marcha del llamado derecho a decidir, dadas las posibilidades de darle la vuelta al argumento como a un calcetín. El derecho de libre determinación afecta a los pueblos, no hay margen de duda, pero el derecho a decidir adolece de ambigüedad respecto al sujeto político que lo puede ejercer. Seguiremos con el tema en próximos comentarios. ⧫