Elogio del pragmatismo

Suele decirse que el primer deber de un prisionero es escapar del presidio en que se encuentre encerrado. El cine nos ha demostrado en innumerables ocasiones que el espectador siempre simpatiza con el preso que intenta huir de la cárcel, aunque se trate de un peligroso criminal. El ansia de libertad, principal condición de un ser humano, es lo que manda en estas ocasiones, desde la fortaleza de Alcatraz hasta el bafle de Sarri. Y así debe de ser. 

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Trasladado este principio al ahora y el hoy de Euskal Herria, se puede traducir de forma directa en la ecuación que dice que hay que ir vaciando las cárceles de prisioneros independentistas y, en todo caso, evitar que el número de patriotas encarcelados aumente. No vamos a repetir aquí, por conocidos, los argumentos sobre la infamia de la dispersión, la inaguantable situación de los presos con enfermedades graves, etcétera. To ello clama al cielo. Por lo tanto todo lo que se haga en ese sentido, salvaguardando siempre la dignidad de todos los protagonistas, también la de las víctimas, será bienvenido, e incluso aplaudido, por la generalidad del común vasco-navarro. 


Sea porque los plazos se están alargando en demasía, sea porque están surgiendo discrepancias en el seno del pueblo, sea porque haya llegado el momento de poner pie en pared, lo cierto es que esta semana se han producido movimientos sensibles en este terreno, ya de por sí hipersensible en nuestra tierra. Las palabras de un representante autorizado de Sortu en Iruñea y el acuerdo a tres bandas en la Audiencia Nacional española son partes complementarias de un todo, o así han sido vistos por muchos observadores.

Transcurridos cuatro años largos desde el anuncio de la organización clandestina ETA sobre el abandono de su estrategia armada y violenta, resulta comprensible entender que el colectivo de presos políticos vascos (EPPK) tenga que realizar una reflexión sobre el papel a jugar de aquí a los próximos meses y años. La declaración de Rufi Etxeberria apunta a una paulatina asunción de la legalidad vigente, en el camino hacia la consecución de las mismas ventajas a las que pueden acceder el resto de presos. Tal vez hace unos años estaríamos hablando de una herejía, pero estamos en enero de 2016, y pese a las grandes movilizaciones sostenidas hace escasas fechas, es evidente que la perspectiva de una solución global y acordada de la situación de los 400 prisioneros independentistas no se ve cercana.

En cuanto a lo acontecido en la Audiencia Nacional respecto al juicio a los 35 militantes independentistas, conocido como el Caso Segura, se ha producido una novedad, y es que la Fiscalía plantea un acuerdo a tres bandas, con los procesados y las acusaciones particulares por el que se consigue que ninguno de los afectados regrese a prisión. A cambio se reconoce el daño causado y la comisión de un delito, pero todos sabemos que para sortear los obstáculos del alambicado sistema jurídico español hay que realizar ciertas filigranas. Por supuesto que hubiera sido más bonito que el juicio hubiese sido anulado y todos hubieran quedado libres sin aceptar nada acambio, pero había una petición fiscal de 10 años de prisión para cada uno de los 35 encausados, y no vivimos en Disneylandia. Esa es la cruda realidad. ¿Tiene algún sentido que estos 35 militantes, algunos de ellos veteranos en edad, que no de corazón, tengan que cumplir esa pena en este contexto? Creo sinceramente que ninguno.

Y no se trata aquí de competir en pureza ideológica, ni en el mantenimiento de los principios fundamentales de la izquierda abertzale. Se trata, simplemente, de aplicar unas pequeñas dosis de pragmatismo, que consiste en la preferencia por lo útil o práctico.

En este país de nuestros dolores, Vasconia o como quiera que se llame, existe históricamente un culto desmesurado por el documento, la firma, y en general, por los actos jurídicos documentados. Resulta una contradicción en tierra de vascos, donde la palabra ha ido siempre a misa. En resumen, que si mi amigo preso reconoce que fue el autor de la muerte de Manolete, asume el daño causado a la familia y promete ayudarla, será recibido en casa, cuando salga, como lo que ha sido y es, sin poner al procedimiento por encima de su palabra. No hay fiscal que enmiende la verdadera palabra de un amigo.