Desestimiento de la política

Los continuados casos de grave corrupción política que se vienen dando en el Estado español, incluidos algunos en Euskal Herria, están afectando de forma directa a la valoración que de la política tiene la ciudadanía. El mantra de que todos los politicos son iguales, es decir, unos ladrones, se extiende por tabernas, mercados y centros de trabajo. 

Y a la vez que se extiende ese parecer colectivo, se extiende también la injusticia. Porque no todos los políticos son iguales. Todavía quedan politicos honrados. Y no conviene olvidarlo.

No se trata de hacer aquí una apología de los políticos, tan denostados en estos tiempos de turbación. Que se defiendan ellos. Lo que trato de abordar en este comentario es la necesidad de no darle la espalda a la política. En no caer en el desestimiento, como parece que está ocurriendo.

La profundidad de la crisis económica que atravesamos ha disparado el rechazo a la llamada clase política, conformada por aquellas personas que se dedican de forma profesional a esa actividad. Un rechazo que tiene bases sólidas, ya que el común entiende que la dedicación política tan solo debe estar sustentada en el propósito de servir al interés general, a la mejora de la administración pública y, por ende, a la calidad de vida de los ciudadanos,  cosa que no está sucediendo.

Sin embargo, cuando se dan a conocer los emolumentos de la elite política, la gente entiende que mediante un corto periodo de dedicación se puede conseguir un bienestar económico muy superior al de la media de la población. Y no estamos hablando de corrupción, ni de latrocinio, sino de las cantidades desorbitadas, pero totalmente legales, que perciben por su trabajo político ministros, consejeros autonómicos, alcaldes, concejales o asesores nombrados a dedo.

El caso del llamado Ararteko de la CAPV es un buen ejemplo. Ingresos salariales de 86.300 euros al año para su titular y de 78.000 para su adjunta, 19 funcionarios a su cargo y otros 32 asesores designados a dedo, la mitad de los cuales perciben sueldos superiores a 65.000 euros al año. Sin entrar en el grado de eficiencia de la institución, que esa es otra, se antoja que los números aparecidos en prensa no casan con un periodo de austeridad como el que vivimos. 

En todo caso, vuelvo a insistir en que he conocido concejales que han puesto dinero de sus bolsillos por ejercer su función. Que han servido a su municipio con honradez. Que no se han llevado ni un bolígrafo del ayuntamiento. No está de moda afirmarlo, pero es necesario hacerlo. Porque corremos el peligro de que en las próximas elecciones locales haya verdaderos problemas para confeccionar las listas en muchos partidos y coaliciones. 

Es cierto que ante la oleada de imprecaciones populares, muchos no quieran arriesgarse a tomar la iniciativa de dedicarse a la política, aunque sea en el estrado más humilde de su propio municipio, para evitar futuros insultos. Es un riesgo que aumenta cada día. Y hay que decir que, de confirmarse con los hechos, supondría un grave perjuicio para todos. 

En otro nivel, asistimos a un alejamiento paulatino de las preocupaciones políticas por parte de la ciudadanía. Se acrecienta el sentimiento de que bastante tenemos con los problemas económicos, el desempleo y todo lo que les rodea, como para implicarnos en cuestiones políticas. La extensión de ese sentimiento puede hacer que las posibilidades de transformación social se vean mermadas, ya que se puede dar la paradoja de  dejar en manos exclusivas de los políticos profesionales importantes asuntos que conciernen a toda la ciudadanía. 

El desestimiento de la política tiene abundantes razones para manifestarse, para seguir creciendo. Subirse a ese carro puede ser un ejercicio relativamente cómodo, ya que se va a favor de corriente. Pero a medio plazo puede incrementar la frustración general y estrechar aún más las vías de participación en la política, indispensables si queremos cambiar el actual estatus quo.