Sortu divide al núcleo judicial del Estado

La publicación del Auto del Tribunal Supremo por el que se deniega la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior español, acompañado del voto particular ejercido por 7 de los 16 magistrados del alto tribunal, supone un reconocimiento de la división existente en uno de los núcleos fundamentales de poder del Estado español, el judicial.

Más allá de unas y otras interpretaciones, queda de manifiesto que tan sólo la postura adoptada por el presidente del TS, Carlos Dívar, ha propiciado que Sortu no sea a estas horas un partido legal. Si Dívar, que voto el último, se hubiese decantado por la inscripción, hubiera propiciado un empate a ocho, que su voto de calidad hubiera deshecho, a la vez que hubiera producido una crisis institucional sin precedentes.

De todas formas, los voceros del Estado, sean del PSOE o del PP, andan estos días alicaídos con el resultado de la intervención del TS, sabedores de que el voto particular es una especie de salvoconducto para que la defensa de Sortu pueda alegar, con grandes probabilidades de éxito, ante el Tribunal Constitucional. Algunos de ellos lo vienen a dar ya por hecho, con cierta resignación, aunque hasta que no ocurra no se pueden echar las campanas al vuelo.

De este modo, el Gobierno del PSOE logra parar la presencia cristalina de Sortu en las próximas elecciones municipales y forales y queda a resguardo de las críticas del PP [que se multiplican por el proceso de 2006]. A la vez, pretende satisfacer a medio plazo a las voces que, dentro de su seno, abogan por la legalización de la izquierda abertzale. Siempre escudado tras los tribunales y sin dar la cara, el PSOE se siente más seguro, pero en el envite ha logrado dejar tambaleante al Tribunal Supremo y veremos que ocurre con el Constitucional, en el que tampoco se pueden presumir unanimidades a favor de la legalización de Sortu.

Manifestaciones masivas, firmas en Catalunya y a nivel internacional de prestigiosas personalidades, declaraciones de Urkullu, recién reunido con Zapatero... la presión por la legalización de la izquierda independentista aumenta. Mientras, el Estado pierde autoridad por su cerrazón a reconocer los hechos y esgrime una táctica dilatoria, más cercana a la cobardía que otra cosa.

Documentación:

• Auto del Tribunal Supremo sobre legalización de Sortu [scribd.com/azogeak]
• Voto Particular de siete magistrados del TS - [scribd.com/azogeak]