Pero no se trata de demostrar la inocencia de ninguno de los detenidos, que es evidente. En un sistema democrático, es el juez instructor quien debe presentar pruebas en su contra, si las hubiera, y me imagino que serán tan contundentes como las presentadas en ocasiones anteriores. La actuación judicial no aguantaría dos minutos en pie en cualquier estado mínimamente democrático de Europa. Pero lo que aquí ocurre es que, lejos de detener a las personas una vez que se han comprobado sus presuntas implicaciones en algún posible delito, primero se las detiene y luego se acumulan las pruebas.
La verdad es que resulta lamentable tener que volver a decir lo que tantas veces repetimos respecto al sumario 18/98. Pero nada ha cambiado desde entonces. Al contrario, se vuelven a producir los mismos procedimientos y los malos de la película, es decir, la izquierda independentista, resulta de nuevo atropellada en sus derechos.
El secretario del grupo parlamentario del PSOE, Ramón Jauregui, como ya hizo anteriormente el Fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, o el propio Rodríguez Zapatero, han dejado bien claro que la intención del Estado es que no haya listas independentistas el uno de marzo. Una vez puesto el objetivo, se hará lo que sea menester para conseguirlo. La presunción de incocencia se troca en presunción de culpabilidad y la profesora de la UPV y sindicalista de STEE-EILAS, Arantxa Urkaregi, recibe órdenes de ETA, no porque haya indicio alguno sobre el particular, sino porque el juez así lo ha decidido de antemano.
Sobra decir que la reacción de los partidos y agentes políticos y sociales es escasa, por no decir otra cosa. Muchos de ellos se muestran contrarios a la Ley de Partidos con la boca pequeña, pero como a ellos no les afecta directamente su aplicación, se frotan las manos y a seguir con la precampaña, que es lo importante. Esa es la calidad de la democracia que tenemos.
Una última nota. Vendrán luego los de siempre argumentando que cómo no se condena a ETA, viene lo que viene. Un artilugio diálectico que no tiene por donde agarrarse. Si a mi me demuestran, con pruebas contundentes, que los detenidos son militantes de ETA, tendré que aceptar su encarcelamiento. Estaríamos en ese caso en un estado de derecho o algo parecido. Pero como no va a ser así, no puedo aceptarlo. Y vuelvo a repetirlo. Arantza, Amparo, Iñaki y los demás han sido detenidos por fomentar las ideas de la izquierda independentista, son presos estrictamente políticos, víctimas de la persecución político-judicial encabezada por el Gobierno español y secundada por el francés. Todo lo demás sobra. Y que no me vengan ahora hablando de si va a ser lehendakari Ibarretxe o López, porque me da absolutamente igual. Hemos pasado de estar en una democracia formal a estar en una democracia deformada, deshecha y desquiciada, incapaz de asumir que en Euskal Herria existe una parte considerable de la ciudadanía que no se siente española ni francesa, sino única y exclusivamente vasca. He ahí el verdadero dilema a solucionar por vías políticas y democráticas. ¿A quién le da miedo la opinión de los tres millones de vascos? A mí, desde luego, no.
Hemos pasado de estar en una democracia formal a estar en una democracia deformada, deshecha y desquiciada, incapaz de asumir que en Euskal Herria existe una parte considerable de la ciudadanía que no se siente española ni francesa, sino única y exclusivamente vasca.
