Muchos de quienes se llenan la boca con exigencias de condena de la violencia de una parte, permanecen mudos ante semejante abuso y pierden la poca legitimidad que poseían. Después de tantos años, de muertes crueles en comisaría como la de Joseba Arregi, de heridos, de hospitalizaciones, de horrores sin fin, seguimos igual. Desgraciadamente vuelve a la memoria de los vascos el nombre del torturador por antonomasia, Melitón Manzanas, y sólo de imaginar lo que tuvieron que sufrir Sarasola y Portu en aquel paraje boscoso, aislados del mundo y rodeados de uniformes, se le hiela a uno la respiración.
En el colmo de la desvergüenza, el consejero de Gobernación del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, se atreve a declarar que la sentencia demuestra "el buen funcionamiento del Estado de derecho". Frase que raya en la apología de la tortura y que muestra la escasa condición humana de quien la pronuncia. En todo caso estaremos hablando del Estado torturador de derecho, un Estado denunciado año tras año por los organismos internacionales de derechos humanos, que hace caso omiso de las denuncias y protege, como protegió a Galindo, a los torturadores y sus abominables prácticas.
Volviendo a la sentencia, es importante por inusual, porque desmonta el mantra gubernamental del uso del "Manual terrorista para denunciar torturas" y pone al Estado frente al espejo que proclama que quien utiliza un manual, pero para mentir y proteger a los torturadores, no es otro que el ministro de la Gobernación español. Sin embargo, la sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, por lo que me temo que el castigo, leve pero castigo al fin y al cabo, que ha acordado la Audiencia de Gipuzkoa contra cuatro de los guardias implicados en los hechos, puede quedar en casi nada en esa nueva instancia judicial. No sería la primera vez. De las medidas para impedir que se vuelvan a producir las prácticas ahora condenadas no escribo. Nunca se pondrán en marcha, porque la razón de Estado está muy por encima de los derechos humanos.
Finalizo con una reflexión de cara al futuro. Son muchos los agentes y ciudadanos, vascos e internacionales, que exigen a ETA una declaración de tregua unilateral, permanente y verificable, como prueba de su voluntad para un abandono definitivo de la actividad armada. Me uno a esa exigencia, pero les recuerdo a todos ellos que también hay que exigir al Estado español pruebas de su voluntad de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de los presos políticos vascos, tanto en sus comisarías como en sus cárceles.
Beste iritziak:
- Editorial diario Gara [gara.net]
- Editorial diario Deia [deia.com]
INSERT
ResponderEliminar