Herramientas propias frente a la crisis

Nicolas Sarkozy y Gordon Brown apelan al papel del Estado frente a la crisis.
Foto: Will Wintercross/Getty Images Europe

La hipótesis de una Euskal Herria independiente ante un cataclismo económico global

La disponibilidad de un sistema financiero público nacional, saneado y eficiente, y del correspondiente marco regulador en el que la banca privada deba cumplir unas garantías mínimas en su actividad, son algunas de las herramientas de que dispondría un ente estatal vasco para hacer frente a una crisis económico-financiera como la actual. Bajo esas premisas básicas, es más que evidente que se podría abordar un cataclismo de tales dimensiones con más garantías de éxito que las que disponemos en la actualidad, o sea, ninguna.

Más allá de las críticas que están recibiendo los adalides del neoliberalismo económico, partidarios del establecimiento de un Estado anoréxico, nos interesa en esta ocasión destacar cuales son las medidas que se están adoptando en América y Europa para atajar la crisis, el sesgo ideológico que tienen y la virtualidad que un Estado dotado de herramientas financieras propias puede tener en coyunturas como la actual.

Es habitual leer artículos sobre procesos soberanistas o diversas vías hacia la independencia, pero no es tan corriente atender argumentos sobre los contenidos concretos que debería ostentar un Estado independiente. El estallido de la crisis financiera global que estamos atravesando es un buen momento para realizar un ejercicio de prospectiva que nos sirva de elemento didáctico para el futuro.

Los partidarios del adelgazamiento del Estado y de colocar al mercado como tótem central de la economía callan o rectifican sus posiciones. La crisis financiera, originada por un desbordamiento de la avaricia capitalista por parte de unas elites inmorales, ha obligado a una intervención concertada de los principales Estados del primer mundo. El rescate de los bancos en apuros, la compra de acciones de las principales entidades, el incremento de la garantía para los depósitos en bancos y cajas, el aumento de los préstamos preferenciales desde los bancos centrales para dotar de liquidez al sistema y la propia ceremonia de comparecencias y reuniones de los máximos mandatarios políticos y económicos, con el fin de tranquilizar a la población, son medidas recurrentes en estos tiempos de incertidumbre. El próximo 15 de noviembre se alcanzará el cenit en una reunión a celebrar en la ciudad de Washington, con el objetivo declarado de “refundar el capitalismo”, fórmula que nadie sabe a ciencia cierta en qué puede consistir.

Tal vez haya sido el primer ministro laborista británico, Gordon Brown, quien se haya mostrado como el líder del movimiento de rescate, en base a técnicas financieras que más coinciden con la doctrina clásica de John Maynard Keynes que con las de una socialdemocracia de fuste. Debe decirse que nacionalizar parcialmente un banco, sin derecho a voto en junta y dejando en manos de los mismos gestores su gobierno, está muy lejos de ser una verdadera intervención del Estado en el sistema financiero. La postura de Nicolas Sarkozy, hablando de refundación del actual marco económico-financiero, pero sin precisar medidas concretas, merece menor credibilidad que la de Brown o la del propio Bush, que obligado por las circunstancias y a punto de concluir su mandato, ha dejado a un lado sus presupuestos ideológicos neoliberales para dar paso a la intervención del Estado, eso sí, a favor de sus poderosos amigos de la banca.

Dicho esto, y acercándonos a nuestro entorno, resultaría esclarecedor un ejercicio de imaginación en el que situáramos la intervención de un Estado vasco soberano para hacer frente a una crisis financiera global. Si ese Estado se moviese en los parámetros del neoliberalismo, como es el caso de Islandia, el margen de maniobra sería escaso o nulo. En cambio, si ese Estado estuviera dotado de herramientas de intervención adecuadas, podría afrontar los problemas con una amplia expectativa de éxito.

Para ello se haría necesaria la implementación de un Banco Central que, pese a no emitir moneda al encontrarse en la eurozona, dispondría de una amplia capacidad de verificación sobre el grado de solvencia de las entidades financieras públicas y privadas, incluidos bancos, cajas de ahorros, compañías de seguros, fondos de pensiones, entidades de previsión social voluntaria y agencias hipotecarias, entre otras. Ese mismo Banco Central, si funcionase correctamente, estaría en condiciones de detectar las irregularidades que se hayan podido producir en la génesis de la actual crisis y obrar en consecuencia, con decisión y celeridad.

Pero eso no es todo. El Gobierno de ese Estado vasco soberano guardaría también la potestad de establecer una Comisión de Supervisión de la actividad bursátil, a semejanza de la SEC estadounidense, que se encargase de velar por la transparencia de esos mercados. Además, la potenciación de una caja de ahorros pública, que fuese eje principal del sistema financiero vasco, junto a un Instituto de Crédito Industrial, encargado de facilitar las inversiones de las empresas industriales privadas y de atender las necesidades del sector público, en especial del conformado por las compañías que actúen en nichos estratégicos como la energía, los transportes, las telecomunicaciones o la agroalimentación, por citar algunos.

Al igual que la decisión tomada por el Gobierno germano, el Gobierno vasco soberano podría poner un límite a los salarios de los grandes ejecutivos del sector financiero que se acogiesen a medidas de apoyo, si bien las cantidades habría que ajustarlas a la economía vasca, ya que los 500.000 euros alemanes se antojan excesivos. Otra medida factible consistiría en sancionar fiscalmente las inversiones en productos derivados, sean hipotecarios, sobre productos energéticos o de alimentación. Lo lógico sería una toma de postura global de las instituciones internacionales para acotar esos mercados especulativos e inmorales, pero como mal menor cabe tomar medidas nacionales, que pueden llegar a ser muy efectivas.

En definitiva y pese a la habitual cantinela de los portavoces del stablishment político-financiero, empeñados en argumentar que el papel de los Estados se reduce en beneficio de la Unión Europea, lo cierto es que están siendo los gobiernos de esos Estados quienes han hecho, en todo caso, frente a la crisis, aunque haya sido de forma poco consistente. Hay que reconocer que se ha dado en la última fase una cierta coordinación interestatal, pero las medidas últimas han correspondido en todas los ocasiones a los Ejecutivos estatales y en ningún caso a la Comisión Europea.

Por lo tanto, la conclusión es nítida. La única manera de hacer frente a una crisis financiera global reside en la construcción de herramientas propias que sirvan de cortafuegos en caso de incendio generalizado, como es el caso. Esas herramientas no pueden derivarse de una institucionalización débil y no soberana, como la que padece en este momento Euskal Herria. Tan sólo desde un Estado propio debidamente pertrechado de instrumentos financieros eficaces se puede abordar un cataclismo como el ocurrido en las últimas semanas en las economías occidentales.