2011/03/26

El prejuicio español

La decisión adoptada por el Tribunal Supremo español de no permitir la inscripción del partido independentista Sortu en el Registro de Partidos Políticos es una mala noticia para la democracia española. Esta decisión viene a demostrar que existe un prejuicio ante todo lo que huela a independentismo, a soberanismo, a resquebrajamiento de la indisoluble unidad de España. Una unidad que, por otra parte, se ha venido resquebrajando desde hace siglos, convirtiendo un imperio en un país de segunda división. Se resquebrajó la unidad por culpa de los hombres que siguieron a Simón Bolivar, a José de San Martín, a José Martí, a José Rizal..., pero no nos vamos hoy a desviar del tema.

El prejuicio afecta a la mayoría de su clase política, de los medios de comunicación y de la población que los consume. También afecta ese prejuicio al cuerpo judicial, pero lo sorprendente es que, pese a la existencia de ese prejuicio, siete miembros del alto tribunal hayan votado a favor de la inscripción de Sortu en el registro. Y no solo eso, sino que se vayan a presentar votos particulares a la sentencia mayoritaria del TS, que aún no conocemos.

La iniciativa del independentismo, en forma de estatutos de Sortu, ha logrado por fin quebrar la unanimidad del Supremo, lo que supone un problema interno en uno de los núcleos de poder del Estado español, en este caso el más alto órgano judicial, ya que el Constitucional es otra cosa. Una falta de unanimidad que refleja una grave división y que ofrece nuevos argumentos dialécticos para la defensa de Sortu.

Se podría decir que la izquierda independentista se ha encontrado con siete inesperados aliados en un territorio habitualmente hostil. Siete aliados que, si las cosas se desarrollan positivamente en el Tribunal Constitucional, pueden llegar a ser tachados de proetarras por los hooligans de la derecha extrema mediática. Y es que, siguiendo la delirante argumentación de esos sectores, basada en que "si Sortu es Batasuna y Batasuna es ETA, Sortu es ETA", esos siete magistrados, tres de ellos presidentes de sala, habrían avalado de facto la legalización de ETA.

Hasta estos extremos esperpénticos está llegando el Estado español en su afán de no dar el brazo a torcer en su estrategia de aniquilamiento del independentismo. Se resisten a reconocer públicamente la realidad que tienen delante de sus narices, aunque en privado digan lo contrario. Saben. además, que más temprano que tarde deberán transigir y dar el salto a la nueva situación, pero tratan de retrasar ese momento, dificultando la presentación de la izquierda abertzale en las inminentes elecciones locales y forales.

Una izquierda abertzale que ha afirmado por enésima vez que nada ni nadie la va a apartar de su nueva estrategia, basada en la lucha institucinal, ideológica y de masas, por vías pacíficas y democráticas. Intentar sacar provecho a corto plazo de esa decisión unilateral es un juego miserable que dará escasos dividendos. Si el Estado español estuviese gobernado por políticos de talla, Sortu hubiese sido inscrito sin mayor problema en el registro. Como no es así, tendrá que agotar la vía del Constitucional para lograrlo. De paso, en ese camino puede hacer estallar una crisis institucional sin precedentes entre los dos tribunales, el TS y el TC, y todo ello por la nula capacidad política de un presidente pusilánime que no ha tenido el valor de querer pasar a la historia como el presidente de la paz en Euskal Herria. Un presidente que no le llega a la altura de los zapatos a su republicano abuelo, fusilado por los fascistas, y que puede empezar a ser considerado como el peor presidente de Gobierno español desde los infaustos tiempos de Arias Navarro.


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1 comentario:

  1. Es esperpéntico y tramposo, porque también cuenta el mezquino cálculo electoral.

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